La alcaldesa de Barcelona quería ir al funeral por las víctimas del coronavirus, celebrado en la Sagrada Familia. Pero, una vez más, le pudo el deber y la responsabilidad y no acudió, por razones de "seguridad".

Esta vez, sí ha cumplido las normas. Habrá aprendido la edil de anteriores experiencias como, por ejemplo, de que su familia abandonara recientemente Barcelona, cuando ya eran públicas las recomendaciones de la Generalitat de Cataluña para hacer frente el brote de Covid-19 en el área metropolitana, entre las que se encontraban las de evitar los desplazamientos prescindibles, como los de salir de la ciudad el fin de semana.

Tanto Colau como el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle lo decidieron así para no «desatender las disposiciones del Govern de la Generalitat», que en una resolución de la Conselleria de Salud del 17 de julio fijó un máximo de diez asistentes para las celebraciones religiosas. Batlle expresó además su pesar a las familias y a la Iglesia Archidiocesana de Barcelona por no poder asistir a la misa, en cumplimiento de unas medidas que en el Ayuntamiento acatan «desde el desacuerdo más absoluto».

«Pero, desde nuestras responsabilidades en el Gobierno de la ciudad, no podemos desatender las disposiciones del Govern», y ha añadió que seguirían la ceremonia por televisión para unirse en solidaridad con las víctimas.

De paso, el muy laico Torra pretende sancionar al obispado de Barcelona porque había más de 10 personas... en el templo de la Sagrada Familia. Eso, después de un confinamiento decretado por Pedro Sánchez en el que durante dos meses, no se han prohibido las eucaristías pero sencillamente se han puesto imposibles. Ahora, Quim Torra da un paso más, de lo más autonómico: tras prohibir, comienza a sancionar.