Lo cuenta el propio párroco de la iglesia de los santos Juan y Pablo en San Fernando de Henares, Miguel Ángel Nieto:

Paso a relatar los hechos que han ocurrido está tarde en la parroquia, lunes de Pascua, a 13 de marzo de 2020.

"Acaban de hacerme lo mismo que al obispado de Granada. 

Dos agentes de la policía nacional han entrado en la iglesia, en misa de 19:30. Serían las 19:45 y estaba terminando la liturgia de la Palabra. Han entrado en el templo y nos han invitado a desalojarlo o nos sancionaban. Éramos sólo 5 feligreses y el cura, por lo que se cumplían las distancias de seguridad sobradamente. 

Por más que les he mostrado lo que dice el artículo 11 del decreto del estado de alarma y los feligreses han mostrado todos el papel del obispado que nos invitaron a repartir como salvoconducto hacia la policía, me han dicho que si no suspendía la misa, nos sancionaban. 

Dicen que han acudido por un requerimiento, vamos, que un vecino ha denunciado. (Será porque fruto del confinamiento España se está llenado de chivatos y está siendo invadida por una suerte de histeria nacional).

He hecho como el obispo de Granada, les he dado la comunión y a casa. 

Tras hablar esta noche con el obispado, (que pertenece a la diócesis de Alcalá, con Reig Pla como obispo) me han dado la siguiente respuesta: mañana que celebre con normalidad, pero que no deje las puertas abiertas de par en par ni las luces que dan a la calle encendidas. También, quitar las campanas que anuncian la misa. Explicar a los feligreses que la puerta estará siempre "cerrada" aunque sin llave para que puedan pasar y la vuelvan a dejar cerrada.

La policía no puede entrar en un templo, ni paralizar una misa sin un requerimiento judicial firmado. Hoy han cometido allanamiento de morada.

Si insisten en denunciar, que denuncien, se recurre y ellos serán denunciados por prevaricación, por saltarse la ley. La cosa se poner divertida. Pido oración”, concluye el párroco. 

Hispanidad viene insistiendo en la persecución de la Eucaristía y el de Alcalá de Henares, como el de la catedral de Granada en Viernes Santo, es un ejemplo más de que así está ocurriendo. 

Y es que, el estado de alarma no cierra iglesias, ni prohibe misas, lo que prohibe es la libre circulación de personas. Y la policía lo que sanciona, no es que el sacerdote oficie la misa, sino que los feligreses acudan a la celebración, ya que la salud del alma no se considera un "bien esencial" -como hacer la compra o ir por medicamentos- en tiempos de coronavirus. 

Pero la policía justifica su actuación con argumentos como el de la comisaria de la Policía Nacional, María Pilar Allúe, que responde a preguntas de Hispanidad sobre la actuación de los agentes en la catedral de Granada: “No fue la policía la que desalojó” sino los propios oficiantes que solicitaron a los oficiantes que lo hicieran. Señora comisaria, ¡qué cara más dura tiene usted! Lo que dijo el obispo de Granada, oficiante Javier Martínez, fue que impartía la comunión y que salieran todos a continuación, dado que la policía le había dicho que podrían ser detenidos (y multados con entre 600 y 30.000 euros e, incluso, llevados a prisión).

Lo que ocurre, en palabras de expertos juristas como el abogado del Estado, Manuel Silva, es que el estado de alarma es ilegal: no prohíbe la libertad de reunión o de culto, como está empezando a suceder, a juzgar por estas interrupciones de la Eucaristía. Si el gobierno pretende prohibir la celebración de la misa debería entonces promulgar el estado de excepción, pero, claro, eso suena muy militar y nada progre (que se lo digan a Pablo Iglesias).