El caso de Carlos Ghosn, ya expresidente de Renault y de la alianza que el fabricante francés de coches tenía con los japoneses Nissan y Mitsubishi, surgió cuando fue detenido por supuestas irregularidades financieras el pasado noviembre, pero aún traerá cola. No sólo están las cuestiones judiciales, también su posible efecto en la industria automovilística e incluso el hecho de que introduce el buen gobierno corporativo con efecto retroactivo sobre el patrimonio de los directivos.

Casi un mes después de ser puesto en libertad bajo fianza, Ghosn ha hecho valer su derecho a la jubilación, porque tiene 65 años y dejó de presidir Renault el pasado 24 de enero. El empresario francobrasileño recibirá una pensión de 765.000 euros anuales, según la emisora France Info, y Renault no puede oponerse legalmente a pagársela porque no está imputado en Francia, sino en Japón.

Renault podría quitarle parte de su remuneración fija (un millón de euros) y dejarle sin la variable (1,2 millones), que se sumarían a los 30 millones que ya le han anulado en indemnizaciones y pagos diferidos

Eso sí, por ahora. El fabricante de coches ha informado a la justicia francesa de elementos de sospecha de posibles irregularidades relacionadas con su boda en el Palacio de Versalles (celebrada en 2006), en la que se habría beneficiado de una contrapartida de 50.000 euros gracias a un acuerdo de mecenazgo entre Renault y el emblemático edificio. Pero también ha informado de transferencias a una empresa de distribución de vehículos de Omán. Y precisamente este miércoles, la fiscalía de Tokio contempla abrir una acusación ante la posibilidad de que una partida presupuestaria controlada por Ghosn hubiera transferido 31 millones de dólares a un distribuidor de vehículos omaní. 

Claro que Renault sí podría negarse a abonar a Ghosn una parte de su remuneración fija de un millón de euros correspondiente a 2018, según France Info, porque el empresario francobrasileño no estuvo físicamente en Francia. Asimismo, podría oponerse a pagarle la parte variable de su remuneración, la cual podría ser de hasta 1,2 millones de euros, por no cumplir los objetivos financieros o las sospechas de uso indebido de dinero de la compañía. Y no podemos olvidar que el pasado febrero, la Junta de Accionistas de Renault anuló 30 millones de euros en pagos diferidos e indemnizaciones que le correspondían a Ghosn tras ser destituido.

Este miércoles, se reúne el Consejo de Administración del fabricante francés de coches para decidir lo que pagará finalmente a su expresidente y concluir su investigación sobre las presuntas irregularidades. Pero la gran cita será el próximo 11 de abril, cuando Ghosn comparecerá por primera vez ante los medios para “contar la verdad”, como él mismo ha anunciado en su Twitter.