Las eléctricas Endesa y Naturgy y la petrolera Repsol, también eléctrica, han plantado cara abiertamente a la transición energética que planea Teresa Ribera, no porque se cuestionen el contenido -en línea con el de otros países europeos-, sino por los plazos y, sobre todo, el coste que de la renovación de las infraestructuras para hacerla posible.

En román paladino, no por las buenas intenciones que pueda contener como por las inversiones en redes que exige o darlas por supuestas, algo que suena entre mal y peor sobre quién las va a pagar -las empresas se niegan-, pero que es una premisa básica antes de empezar a imaginar todo lo demás.

Ese es motivo porque los ejecutivos de las tres energéticas han alzado su voz en el encuentro del Sector Energético, organizado por el IESE y Deloitte, aprovechando el relieve de esas jornadas por la presencia de profesiones del negocio, claves para tomar decisiones (empresariales y en los mensajes a posibles inversores).

Ojo, pero por José Bogas, CEO de Endesa, Manuel Fernández, director general de Gas y Electricidad de  Naturgy o Antonio Brufau, presidente de Repsol, es lo mismo que han trasladado a la ministra Ribera, personalmente o a través de sus interlocutores.

El PSOE piensa en una transición energética para ricos, no en una transición "justa"  

Hablamos de los costes en el cambio en las redes o las interconexiones eléctricas de alta tensión, sin la cuales no hay modo de llevar a buen puerto la avalancha de generación con energías renovables que prevé Ribera (el 70% en 2030) para reducir las emisiones de CO2 hasta 20% el final de esta década, dejando el muerto del 80% hasta 2050.

Las empresas no están dispuestas a afrontar esas inversiones y, en paralelo, el gran principal responsable de ese cometido, Red Eléctrica, está en las condiciones de apalancamiento -más después de la compra por casi 1.000 millones de Hispasat-, dígame usted. 

Es la misma inquietud que trasladó desde el foro de participantes en el encuentro del IESE, Honorato López Isla, ex consejero delegado de Unión Fenosa (sabe de lo que habla). Fue, como quien dice, menos diplomático el conductor de las jornadas, Juan Luis López Cardenete, ex director general de la misma eléctrica, que empleo el término “sudoku” para hablar de la transición energética, guante terminológico que cogió, por cierto, Teresa Ribera.

Critican la falta de previsión en redes o interconexiones, claves para llevar a buen puerto las renovables

Echan de menos la falta de presión en inversiones para redes o interconexiones, claves para llevar a buen puerto las renovables

José Bogas saludó tan amigablemente el martes a la ministra -lo constata este cronista- como tan abiertamente la criticó al día siguiente, en su ausencia. Su planteamiento es relativamente sencillo de entender: el Gobierno tiene unos planes, pero las eléctricas no van “a hacer nuevas inversiones”, lo cual será un “problemón” para los gobiernos de turno, entre otras cosas porque sus actividades de redes y transporte van a bajar del 6,5% al 5,6% entre 2020-2025.

Y a esa crítica se unió otra más demoledora: la falta de capacidad de la potencia instalada que puede llegar a partir de 2030. No sólo compromete el calendario de cierre previsto de las centrales de carbón o de las nucleares, con el apagón en 2035, sino al “papel fundamental” -no contemplado- que deben tener las centrales de ciclo combinado de gas.

Ese fue el punto medular reclamado desde Naturgy, que sostiene el mismo “papel fundamental” del gas hasta 2050, en contra de lo que sostiene Ribera. O hay alternativas en la transición energética como el ciclo combinado, además de prudencia en el marco regulatorio, o no cuadrarán las cuentas. Lo contrario, a juicio de Fernández, está fuera de la realidad.

Y dudan de las previsiones para finiquitar el carbón o la nuclear, sin más gas: peligra el suministro  

Late detrás de todas esas críticas un punto cardinal: el peligro de una transición energética para ricos, ignorando el impacto social de las medidas que incluye. Léase, están previstos muchos cambios, pero el termómetro de ese coste estará en la abultada  factura que deberá pagar el consumidor. No sólo por el cambio de coche, sino por el acondicionamiento de edificios, aparcamientos y todas las instalaciones en las que se mueve.

Antonio Brufau  añadió a ese enfoque, otro, el de las subvenciones públicas para unas tecnologías que no están al alcance de todos. La realidad es que lo están, pero para los más pudientes: no es lo mismo cambiar de vehículo cada tres años que cambiar las bombillas. Y ese vehículo, si es eléctrico, no compensa en las actuales circunstancias, porque no se ajusta, en palabras de Brufau “al coste-beneficio más eficiente”.

Y a partir de ahí, el dardo del presidente de Repsol tiene claro el objetivo, el Gobierno, que peca de “quijotismo” y quiere ser más culo que nadie. Ni Alemania, la locomotora europea, ha ido tan lejos como España en metas.

Y a eso se une otras de las consignas de Repsol: el respeto a la neutralidad tecnológica. Es lo que el Gobierno no está haciendo, por ejemplo, en el sector del motor, con mensaje contra los vehículos diésel, que tiene dos efectos: más CO2 a la atmósfera con la sustitución de automóvil (gasolina) y que el consumidor “no cambie de coche”. Paradojas.