Barcelona, Sevilla, Málaga, A Coruña… empleados, prejubilados y jubilados de Endesa, empresa propiedad de la italiana Enel, protestan en todo el país por los recortes a los beneficios sociales (descuentos en la tarifa eléctrica a empleados y jubilados de la compañía) que quiere aplicar la compañía a partir del 30 de septiembre. La indignación es máxima: la “tarifa del empleado” lleva vigente desde hace más de 100 años y siempre se ha considerado como un pago en especie como parte del salario. La medida afecta a los 9.000 empleados de la compañía en España y a los 26.000 jubilados que trabajaron en la eléctrica.

Y para darle más emoción al asunto, todo esto sucede en plena negociación entre los sindicatos y la empresa por el nuevo convenio colectivo.

La indignación es máxima: la “tarifa del empleado” lleva vigente desde hace más de 100 años y siempre se ha considerado como un pago en especie como parte del salario

“Después de doce años de gestión nefasta por parte de Enel, que claramente ha perjudicado a nuestro país y a los trabajadores de Endesa”, la compañía quiere ahora “robar y privar a los trabajadores pasivos de parte de su salario y de derechos consolidados, utilizando dichos salarios y derechos como chantaje ante los sindicatos en la negociación del V Convenio Colectivo Marco del Grupo Endesa”, señala el comunicado leído el martes en Sevilla durante una concentración que partió del consulado italiano, en la ciudad hispalense.

Da lo mismo. La compañía no se da por enterada. Mientras -lo hemos contado en Hispanidad-, los jubilados siguen recordando que la jueza María Carolina San Martín Mazzuconi, dos días después de firmar el fallo favorable a Endesa en el caso del fin de los beneficios sociales, impartió una charla remunerada en el Centro de Estudios Sagardoy, el bufete que defendió los intereses de la eléctrica en el caso. El CGPJ no vio ninguna irregularidad y no sancionó a la magistrada. Pero ellos no parecen muy convencidos con el fallo.