Alianza PSOE, Podemos y Mas País en la aprobación de una enmienda transaccional a la «ley Celaá» que señala que la educación es garantizada sólo con «plazas públicas», dejando fuera a la concertada, tal como publica ABC.
Según la enmienda: «En la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales».
La clave está en el mensaje «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» que añade Más País ya que va contra de la Constitución, que en su artículo 27 alude tanto en en su apartado 1 como en su apartado 5 al derecho a la educación sin más, es decir, garantizado tanto por la pública como por la concertada. «Todos tienen el derecho a la educación»; «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».
Con esta enmienda el gobierno sociopodemita rompe, por un lado, la 'demanda social': es decir, hasta ahora si en una zona padres recogían firmas para que sus hijos fueran, por ejemplo, a un colegio concertado, el Gobierno -según establecía la ley- tenía la obligación de abrir un centro y de concederle el concierto. Es lo que se conoce como 'demanda social', y la "ley Celaá" acaba con él.
Lo mismo, que termina con la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, porque el añadido «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» que incluye la enmienda a la "ley Celaá", aprobada por PSOE, Podemos y Mas País, garantiza la educación pero -sólo- a través de plazas públicas.
Por su parte, la concertada ha empezado a movilizarse y ha salido por primera vez a la calle para defender los derechos de todos frente a las imposiciones del Ejecutivo que quiere decidir por los padres la educación de sus hijos. Lo ha hecho unida, bajo la plataforma masplurales.es, de la que Educatio Servanda forma parte, en calidad de promotora, a través de su plataforma libresparaelegir.org.
Más plurales ha organizado una serie de actividades:
- Campaña de recogida de firmas a través de la web masplurales.es (100.000 firmas recogidas en 48 horas)
- Lazo naranja, como símbolo identificativo de la campaña.
- Concentraciones de protesta todos los miércoles donde decidan cada uno de los centros que se han sumado a la campaña de Más Plurales.
- Acto final de campaña aún por determinar.
Recordemos, que, de salir adelante la "ley Celaá" conseguirá que:
- 4 millones de familias sean privadas de su derecho constitucional a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.
- Más de 9.300 centros de la red concertada y privada vean peligrar la continuidad de sus proyectos educativos.
- Más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes podrían perder sus puestos de trabajo
- Más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, la asignatura de religión, vean cómo ésta queda relegada al último plano.
Y no olvidemos tampoco algo en lo que insistimos en Hispanidad desde el principio: un alumno de la escuela pública le cuesta a todos los españoles 6000 euros al año, uno de la concertada, 3.000.
En resumen: la política educativa del Gobierno Sánchez consiste en eliminar la escuela privada y con ello la educación católica... que es de lo que se trata.
Naturalmente, el Partido Popular sólo se preocupa de que la futura "ley Celaá" asegure que el castellano sea la lengua vehicular del Estado, No decimos que no sea importante pero sólo Vox propone el cheque escolar, que resulta mucho más relevante porque es el unico producto que asegura la libertad de enseñanza, es decir, la libertal de los padres para decidir qué educación reciben sus hijos en el colegio.
Y mientras esto ocurre, la ministra de Educación, Isabel Celaá, asegura, en entrevista con la revista de los notarios, Escritura Pública, que "la educación debería dejarse al margen de la confrontación pública". Y sin despeinarse.
