La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa abre una nueva etapa en las empresas públicas como Aena, Renfe y Adif, y en las que no son públicas pero mantienen una presencia estatal importante, como es el caso de Indra, cuyo máximo accionista (18,7%) es la Sepi.

Dicho de otra manera, Jaime García-Legaz (Aena), Juan Alfaro (Renfe) y Juan Bravo (Adif), además de Pilar Platero (Sepi) y Julio Gómez-Pomar (Enaire), evidentemente, tienen sus horas contadas como presidentes. En el PSOE no entenderían que Sánchez mantuviera a los elegidos por el PP para pilotar las empresas públicas. Además, hay que pagar tantos favores que hay que aprovecharlo todo.

La posición de Fernando Abril-Martorell es ligeramente distinta porque Indra no es una empresa pública. Ahora bien, el máximo accionista, con el 18,7%, es la Sepi, seguida de Corporación Financiera Alba (los March), con el 11,3% y el fondo FMR, que posee el 9,3% del capital.

Ante el presidente de Indra se abren tres escenarios: que el gobierno socialista le mueva el sillón, que la Sepi salga del accionariado o, la menos probable, que no ocurra nada y se quede la cosa como está. No olviden que la Sepi continúa en Indra gracias al empeño personal de la ex ministra de Defensa -todavía ministra en funciones cuando se escriben estas líneas-, María Dolores de Cospedal, que no cedió a las presiones del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. 

En el fondo, se trata del viejo objetivo de constituir el polo militar-industrial español, un sueño que intentó el anterior ministro de Defensa, Pedro Morenés, y que Cospedal no quiso abandonar aunque tampoco ha logrado desarrollar. En resumen, Abril-Martorell afronta un futuro inmediato incierto.

Mucho más seguro lo tienen los presidentes de Aena, Adif y Renfe. García-Legaz, por ejemplo, se apresuró a enviar un hecho relevante a la CNMV el viernes por la tarde -la toma de posesión de Sánchez se produjo en la mañana del sábado- anunciando el aplazamiento sine die de la presentación del nuevo plan estratégico de Aena.

Otro que tiene los minutos contados es Juan Bravo como presidente de Adif: su imputación en el caso Lezo pesa demasiado. Además, junto con Juan Alfaro, presidente de Renfe, estuvo en el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón en la Alcadía de Madrid, y formó parte de la polémica Madrid Calle 30.