- El Gobierno se mantendrá en la acusación contra el banquero por el cuadro 'Cabeza de mujer joven' de Picasso.
- Un juez de Pozuelo de Alarcón considera que debe ser procesado por un presunto delito de contrabando.
- Le acusa de sacar el cuadro de España para venderlo a través de una casa de subastas, sin permiso de exportación.
- La UCO interceptó la obra de Picasso en el puerto de Córcega en agosto de 2015 y la trasladó al Museo Reina Sofía, donde sigue custodiado.
- Si al final del proceso se condena a Jaime Botín, el Estado se convertirá en propietario del cuadro.
El propietario de Bankinter,
Jaime Botín (
en la imagen junto al cuadro 'Cabeza de mujer joven' de Picasso), ha sido acusado de
contrabandista. En el banco de la acusación se sienta el Estado (o sea, el
Gobierno) al tratarse de un
supuesto caso de tráfico ilícito de bienes culturales y se mantendrá ahí, según han confirmado fuentes del Ministerio de Cultura a Hispanidad.
El bien cultural en cuestión es el cuadro
Cabeza de mujer joven, de
Picasso, que está valorado en 26 millones de euros. En un auto del pasado 29 de mayo, el titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid),
Enrique Presa, consideró que Jaime Botín debía ser procesado por un
presunto delito de contrabando.
En concreto, el juez le acusa de sacar el cuadro fuera de España para venderlo a través de una casa de subastas, a pesar de que
no tenía permiso de exportación. Al final, la Unidad Central Operativa (
UCO) de la Guardia Civil interceptó la citada obra de Picasso en el puerto de Córcega en agosto de 2015, que la trasladó al Museo Reina Sofía, donde sigue custodiado.
Claro que el culebrón empezó en 2012, cuando la firma de subastas
Christie's Ibérica solicitó exportar la obra a Londres, autorización que le fue denegada por "no existir una obra semejante en el territorio español".
Cabeza de mujer había formado parte de colecciones privadas hasta que Jaime Botín lo compró en 1977.
Si al final del proceso se condena a Jaime Botín, el Estado se convertirá en propietario del cuadro, según ha informado el Ministerio de Cultura a Hispanidad. Y es que la
Ley de Patrimonio Histórico de 1985 establece que los bienes culturales que han sido objeto de tráfico ilícito, al ser recuperados pasan a ser propiedad del Estado.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
