La Comisión Europea ha condenado a la energética francesa Engie (antes GDF Suez), a pagar 120 millones de euros por las ventajas fiscales recibidas en Luxemburgo, el paraíso fiscal en plena Europa aunque no figura en lista. El grupo utilizó dos sociedades, Engie LNG Supply y Engie Treasury Management y otras dos en el Gran Ducado, para reducir artificialmente la carga fiscal durante una década, ha explicado Margrethe Vestager, comisaria de Competencia.

Más allá del fraude en sí en forma de ayuda estatal, que la francesa niega en un comunicado, se dan cita varios ingredientes en el caso, como en una ensalada. Entre ellos que el Estado francés tiene una participación del 24,1% en Engie y que ese trato de favor se gesta entre 2008 y 2010, cuando el primer ministro de Luxemburgo era Jean Claude Juncker, que ha mirado siempre para otro lado.

Más sobras sobre el paraíso fiscal, sobre Juncker, cuando era primer ministro, y sobre la empresa participada por el Estado (24,1%)

Y a eso se une, finalmente, que todo arrancó en el inicio de la etapa como presidente de Engie de Gérard Mestrallet (en la imagen, el de la derecha), estrella del empresariado francés al que nadie ha logrado tumbar, ni el nuevo presidente Macron, que lo intentó durante su etapa de ministro de Economía, cuando estallaron los roces (por la participación pública, claro).

Pero Mestrallet ha sido relevado ya del cargo, este mismo mes, por Jean-Pierre Clamadieu, ex Ceo de la química belga Solvay, pero el escándalo le afecta directamente.

El otro punto negro se lo adjudica la propia Luxemburgo, que debe recuperar esos 120 millones, o lo que es lo mismo: un artilugio establecido para las multinacionales, por el que Engie redujo el impuesto de sociedades al 0,3%. La energética evitó el pago por el 99% del beneficio con el truco de tratar las ganancias como intereses por préstamos.

Engie es un suma y sigue de las investigaciones comunitarias en el que han caído ya Fiat, Amazon y previsiblemente, Ikea y McDonald’s.