Desde que se empezó a gestar la ley Celaá, su máxima precursora, la ministra de Educación ha afirmado 'erre que erre' que la norma no pretende asfixiar a la concertada. Y así, hemos asistido a la negación de fondos a este tipo de escuela -en su mayoría, religiosa- la eliminación de la demanda social, y que sea el Estado el que elija dónde van los niños en lugar de hacerlo sus padres, la persecución a la enseñanza segregada por sexos, etc. Pero la Lomloe no ataca a la concertada, ¡nooooo! Y eso que la concertada, señora Celaá, es reconocida hasta por el muy laico informe educativo PISA...

Cada vez se van conociendo más detalles de la ley que se aprobó en enero de este año. Por ejemplo, publica La Razón, que FSIE, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, ha solicitado a la Conselleria de Educación que proteja a los profesionales que trabajan en la red de centros concertados y que cubra las necesidades que quedan fuera de la Lomloe relacionadas con la Educación Especial.

FSIE denuncia que, la también conocida como ley Celaá, no contempla ninguna mejora para los profesionales del sector, docentes y el Personal de Administración y Servicios (PAS). En la norma no se fija plazo para la equiparación salarial ni posibilita el pago delegado para el PAS ni permite mejoras en cuanto a la jubilación parcial.

Este sindicato reclama además la necesidad de articular un marco autonómico que proteja a los profesionales de la concertada ante los efectos que tendrá la entrada en vigor, ya que tampoco incluye a los docentes en el desarrollo de la carrera profesional ni posibilita la reducción de la carga lectiva.

Dicho de otra manera, que los profesores de la concertada seguirán -en gran parte, gracias a la señora Celaá- trabajando mucho y cobrando poco. Trabajando mucho más que los de la escuela pública y cobrando mucho menos. 

Según FSIE, las diferencias salariales se cifran en una media de 383 euros al mes, a favor de los profesores de la escuela pública. Estas cifran varían dependiendo de la Comunidad Autónoma.

Esta diferencia va aumentado a medida que pasan los años, debido a que los salarios de los profesores de la escuela pública aumentan a través de los sexenios, mientras que los de la escuela concertada no disponen de este complemento, solo con los trienios. 

Y, mientras tanto, este tipo de enseñanza -la concertada- seguirá ahorrándole dinero al contribuyente español ya que cada alumno le cuesta 3.000 euros/año frente a los 6.000 euros que le cuesta un estudiante de la pública.

Pero Celaá prioriza proteger los derechos de los menores, por ejemplo, fomentando la ley del mínimo esfuerzo -para que no se traumaticen- o educándolos en contenidos afectivo sexuales, ¡Bravo, Celaá!