El presidente del PP, Pablo Casado
El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que su partido piensa recurrir ante la Junta Electoral Central los últimos decretos sociales del Gobierno de Pedro Sánchez, que tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso, una vez queden disueltas las Cortes el martes por la convocatoria electoral del 28-A, recoge RTVE.
"No puede ser que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para financiar la campaña electoral", ha criticado Casado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que ha dicho que el recurso a la JEC es la medida que adopta el PP "por ahora", sin cerrar la puerta a recurrir al Tribunal Constitucional.
Casado ha advertido de que el Gobierno no puede utilizar el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente para "hacer cosas que no puede aprobar, que no puede pagar y que solo lo hace para engañar a los españoles y dejar en una situación imposible" al siguiente Ejecutivo.
Casado también ha advertido de que “o cambia el Gobierno el 28 de abril o la economía se vuelve a ir a pique”
En el mismo foro, Casado ha pedido "un pacto de Estado" contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, y ha alardeado de que su partido "lanzó el primer pacto de Estado contra la violencia de género". El líder popular ha cargado contra los partidos de izquierda de los que el PP, ha dicho, no admite "lecciones". Entre los decretos que el PP recurrirá se encuentran los planes de igualdad de las empresas y la obligación de publicar las tablas salariales de hombres y mujeres.
Casado también ha advertido de que “o cambia el Gobierno el 28 de abril o la economía se vuelve a ir a pique”, al valorar la subida del paro en 3.279 personas en febrero. Estos datos, enfatiza, “vuelven a ser malos” tras un enero “catastrófico” que implica que la economía española “se está desacelerando”. Apunta que con Rajoy “se creaban 7.900 empleos todos los días” y que con Sánchez “se destruyen 6.800 al día”.
También ha cargado contra el Gobierno por “la grave irresponsabilidad” que en su opinión supone “amenazar con derogar de facto la reforma laboral con la que se crearon tres millones de puestos de trabajo” y alerta de que este tipo de prácticas pueden incluso llevar “de nuevo” a una “grave recesión en España” si sigue gobernando el PSOE.