En España solo se ha ofrecido una bonificación de 20 céntimos, pero el Gobierno sigue sin bajar el IVA ni el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que supone cerca de la mitad del precio de los carburantes
El Gobierno parece dispuesto a no dejar de sorprendernos y la última muestra se vio el pasado martes, cuando aprobó el anteproyecto de ley para crear el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Las eléctricas lo celebraban, pero las empresas del sector petrolero serán las más perjudicadas con la nueva financiación de renovables, cogeneración y residuos, pues aportarán 2.085 millones de euros al citado Fondo entre 2021 y 2025, es decir, el 43,7% del total.
Desde Moncloa, cómo no, se presume de que los costes de renovables, cogeneración y residuos se sacan de la factura eléctrica, por lo que esta podría bajar un 13% en cinco años. Sin embargo, podrían subir otros bienes y servicios, porque dado que las empresas acabarán repercutiendo los costes de sus aportaciones de una u otra forma. Y dado que las petroleras serán las más perjudicadas ya se habla de que habrá subida de carburantes, que podría ser de 7 céntimos por litro. O sea que la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, no ha logrado sacar adelante el impuesto al diésel (por la presión del PNV a cambio de apoyar los Presupuestos), pero ha aprobado otro encubierto con la creación del citado FNSSE.
Los 2.085 millones que aportarán las empresas de productos petrolíferos se traducen en 417 millones cada año, como recoge la Memoria del Análisis del Impacto Normativo del anteproyecto de ley que crea el FNSSE (ver documento adjunto), que se puede consultar en la web del Departamento que dirige Ribera. Unas cifras que superarán las que harán las compañías de electricidad y las de gas. En concreto, las empresas de electricidad contribuirán al FNSSE con 1.500 millones en los próximos cinco años, lo que supone el 31,5% del Fondo, y se distribuirá a razón de 300 millones al año.
Por su parte, las compañías de gas aportarán un total de 1.181 millones (24,8% del total), que se traducen en 236 millones, y aunque por ahora no se ha visto impacto en el precio, la Asociación Española del Gas (Sedigás) ha advertido que apoyará cualquier nueva legislación que tenga como objetivos la transición energética y la reducción de emisiones de carbono “que redunde en beneficio de todos los consumidores, sin poner en riesgo la viabilidad económica de la comercialización del gas y del sistema gasista”. Y es que esto último preocupa y mucho: conviene recordar que por primera vez Iberdrola, Naturgy y Endesa se han puesto de acuerdo frente a Ribera, pidiéndole que les paguen más por el ciclo combinado y defendiendo su papel en el mix energético español.
El FNSSE no beneficiará a todos los consumidores, sólo a los eléctricos. Sin embargo, lo que no paguen por un lado lo abonarán por otro... como siempre.
Recuerden que los costes de financiación de renovables, cogeneración y residuos ascendieron a 7.142,89 millones de euros en 2019, según los datos que la CNMC publicó el pasado martes, y donde se arrojaba un déficit del sistema eléctrico de 527,7 millones y superávit del sistema gasista de 353,4 millones. Y ojo, porque la liquidación provisional acumulada y a cuenta de dichos costes ya va por 5.218,1 millones en la décima liquidación de este año, según el regulador de competencia, con un desvío provisional del sector eléctrico de 1738,2 millones, un 34,1% inferior al del mismo periodo de 2019, pero muy superior al del conjunto del año pasado (527,7 millones) y un déficit provisional gasista de 322 millones (frente al de 72 millones de hace un año).