Una Misión Internacional a la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargó investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela acusó al gobierno del dictador Nicolás Maduro de “crímenes de lesa humanidad”. El informe  asegura que en el país se han cometido “violaciones atroces” por parte del gobierno venezolano, agentes estatales y grupos que trabajaban con ellos.

Las fuentes que colaboraron con la investigación fueron diversas. Incluso, funcionarios del propio régimen de Maduro. Así lo reveló este miércoles Francisco Cox Vial, miembros de la Misión de la ONU, en diálogo con la cadena EVTV Miami, recoge Infobae.

El abogado defensor de los derechos humanos manifestó que la información provino de “declaración de testigos, información que nos proporcionaron funcionarios de las fuerzas de seguridad, de las agencias de inteligencia, que ya no están, pero también funcionarios que están dentro de la agencia; también ex miembros de la Fiscalía”.

Maduro ha dado en ocasiones órdenes directamente al director del SEBIN para seguir a alguien en particular

Cox dijo que la Misión obtuvo información que indica que Maduro ha dado en ocasiones órdenes directamente al director del SEBIN para seguir a alguien en particular. “Nicolás Maduro y los ministros tenían información de que estos delitos se estaban cometiendo, y no tomaron medidas represivas y de sanción para que estas cesaran, esto también genera responsabilidad de acuerdo al Estatuto de Roma”.

“Aquí hay una estructura, no son hechos aislados contra la sociedad civil; hay una cadena de mando que se mantuvo, no hay ruptura de esa cadena. Hay conocimiento, y tenemos fuentes que nos han señalado que Maduro daba órdenes directas al director del SEBIN para tener como objetivo a determinadas personas. Aquí hay una contribución concreta”, agregó.

Cox sostuvo que esta cadena de mando también apunta a “eliminar a la oposición”: “Hay un patrón de conducta. Consiste en ordenar de ubicar a determinadas personas que comienzan a tomar notoriedad, activistas sociales, políticos… Hay claramente un objetivo de eliminar a la oposición. Con eso se persigue a sus líderes, se les encarcela, se les mete a la cárcel, incluso jueces han dado órdenes. Tenemos esperanzas de que algunos jueces salgan de esta estructura. Esto nos lleva a concluir esa política de eliminar a la oposición”.

Cox sostuvo que esta cadena de mando también apunta a “eliminar a la oposición”

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados, añade Infobae.

En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el régimen relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad -el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)- fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión de la ONU que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”.

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes.( Dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos).