La Encuesta de Población Activa (EPA) confirmaba esta semana lo que ya casi nadie duda: que la economía española baja de velocidad. Se ve en las cifras. La creación de empleo no es, ni mucho menos, para tirar cohetes. Los sindicatos dicen que hay que impulsarla, como sea, y los empresarios que no hay que tocar la reforma laboral tal y como quiere el Gobierno, bueno la parte ‘podemita’ del Ejecutivo bajo la mirada complaciente de Pedro Sánchez.

Y en el PSOE de Extremadura, ¡alerta máxima!, porque los datos de la EPA reflejan que en el campo ha aumentado el paro. Un incremento que achaca el Gobierno de la comunidad a la subida del SMI. Ya se han quejado los sindicatos agrarios de las consecuencias que tendrá para el campo, lo que se refleja en análisis que hace Gillermo Fernández Vara que ha pedido ver a la ministra de Trabajo para poner los datos sobre la mesa.

La encuesta de población activa aporta, como vemos, munición para todo el mundo. Todavía hay más de tres millones de parados y la ralentización se hace fuerte. No es este un país para jóvenes pero tampoco para veteranos. El paro golpea especialmente a los mayores de 55 años, y el juvenil supera el 30% y llega al 46% en el caso de los extremeños.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, advierte de las consecuencias que tendrá para el empleo agrario: se basa en la pérdida de 33.000 activos por la subida a 900 euros del SMI el pasado año 

La EPA es el reflejo más fehaciente del frenazo de la economía española y es ya tan evidente que el presidente de Extremadura se suma a las voces que indican que haber subido el SMI el 22% el año pasado ha sido una mala decisión para algunos sectores como el agrario. El campo extremeño ha perdido 8.000 empleos y, lo más grave, es que uno de cada tres parados, lleva más de dos años buscando un puesto de trabajo.

Dos días después de que se conocieran los datos de la encuesta, el presidente del Gobierno, la ministra del ramo, los empresarios y los sindicatos, rubricaban el acuerdo que fija para este año un incremento del salario mínimo hasta los 950 euros, es decir, un 5,5% más. Un incremento que supone la primera piedra hacia el compromiso adquirido de elevar el SMI en 2023 hasta el 60% del salario medio, que actualmente representaría aproximadamente unos 1.200 euros.

Brecha entre CCAA

Pero esta medida tiene el efecto perverso de abrir una brecha entre las distintas comunidades autónomas porque deja a las más desfavorecidas, como Andalucía y Extremadura, mucho más expuestas a la pérdida de empleos frente a las más boyantes como Madrid o País Vasco.

España no es un país para jóvenes pero tampoco para veteranos: el paro golpea especialmente a los mayores de 55 años y el juvenil supera el 30% y llega al 46% en el caso de los extremeños

Si comparamos el salario mínimo interprofesional en función de la renta per cápita de las distintas comunidades, se puede apreciar que hay grandes diferencias. En las de mayor renta per cápita, que en su conjunto casi rozan los 10 millones de habitantes, la subida gradual no supondría un impacto negativo en la creación de empleo pero, por el contrario, en las de menor renta per cápita, que suman cerca de 17 millones, generaría un impacto negativo al acercarse el salario mínimo a la renta media de la comunidad, lo que sin lugar a duda desincentivaría la creación de empleo.

En una economía de mercado como la nuestra, el Gobierno puede fijar un salario, pero no puede determinar el volumen de empleo. Son las empresas las que deciden los puestos de trabajo que van a crear en función de su producción y de sus costes. Con esta medida, los empresarios no solo tendrán que pagar un mayor salario, sino que también tendrán que soportar mayores costes de cotización a la Seguridad Social. Nuestro país se encuentra entre los primeros de la clasificación en costes de cotización al sistema respecto a nuestros socios europeos, 8,4% del PIB, frente al 6,8% de la media de los países de la Unión Europea.

Pero es más, la subida del SMI puede agravar más la situación de la España ‘vaciada’ y también uno de los grandes problemas del mundo rural: la despoblación.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, adviertía de las graves consecuencias que tendrá para el empleo agrario, basándose en la salida del mercado laboral de 33.000 activos con la subida del pasado año. “Se van a perder muchos puestos de trabajo”, asegura mientras prevé que “mucha gente emigrará a otros lugares”.

Si comparamos el salario mínimo interprofesional en función de la renta per cápita de las distintas comunidades, se puede apreciar que hay grandes diferencias

Según infroma EfeAgro, Asaja, COAG y UPA (organizaciones éstas dos últimas relacionadas históricamente con las principales centrales sindicales) han hecho hincapié en los riesgos que entraña la medida. Y aunque según el Gobierno es “asumible” por el sector, incluso en el marco de la crisis que atraviesa, las organizaciones agrarias no comparten esa opinión y ponen el acento en los problemas que implicará en el campo este nuevo aumento de 900 a 950 euros al mes.

La opinión de los representantes de los trabajadores agrícolas ha provocado un conflicto entre sindicatos que se ha materializado en varios comunicados emitidos por CC.OO. sobre la posición de COAG: Parece que el origen de la polémica está en un documento elaborado por expertos de la COAG en el que se advierte de la subida del SMI hasta los 1.000 euros, lo que supondría, según sus cálculos, un aumento del 49% de los costes laborales, al pasar de 966 euros por trabajador y mes en 2018 a 1.356 en 2020.

Comisiones Obreras denuncia que “es inaceptable que organizaciones que reclaman su derecho a vivir con dignidad del campo, nieguen ese mismo derecho a sus trabajadores, y sigan reclamando su singularidad y exigiendo excepción a la hora de cumplir la ley.”