Ángel Gurría, secretario general de la OCDE
De autónomos se ha hablado mucho esta semana, para bien y para mal. Sin meterme en camisa de once varas, yo, como autónoma, reconozco que los hay dentro de este colectivo que cotizan por la pensión mínima porque les cuesta mucho rascarse el bolsillo, aunque luego se lleven las manos a la cabeza por la birria de pensión que les queda y salgan a manifestarse, pero a la mayoría incluso les cuesta cotizar los 283 euros que marca la ley. No está el horno para bollos en cuanto a salarios se refiere, y mucho menos para el trabajador por cuenta propia, aquel que vende su producto, sea el que sea y en el formato que fuere, cada vez a menos precio.
Así que la OCDE, con su informe hecho público esta semana, ha metido el dedo en la llaga, es cierto, porque con una parte de la población laboral española trabajando como autónomos o bajo otras formas de “empleo atípico”, advierte de que en estos tiempos de inestabilidad y precariedad laboral (no solo autónomos, sino también puestos de trabajo temporales o a media jornada) amenaza el futuro de las pensiones.
Uno de cada tres autónomos subiría su base de cotización a la Seguridad Social si mejoraran las prestaciones a las que tienen derecho
En concreto y sobre los autónomos, dice la organización que dirige Ángel Gurría, que “la libertad que les da a este colectivo el sistema para elegir su base de cotización es, a largo plazo, una receta segura para la precariedad. "Hay que limitar drásticamente esa flexibilidad que le permite a los trabajadores independientes determinar la base". Si bien esto, a corto plazo, puede permitir un mayor poder adquisitivo al trabajador, que suele ganar alrededor del 69% de lo que hace uno tradicional, muy por debajo del 84% de media de la OCDE, a la larga se convierte en un problema potencial a la hora de la jubilación y, por ende, para toda la sociedad, porque puede generar precariedad.
Pero me voy a permitir destacar unos datos, sin pretender enmendar la plana al informe del organismo internacional, de un estudio elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) para la Fundación MAPFRE, El trabajador autónomo ante la previsión social, que llega a la conclusión de que los autónomos pagan un 53,16% más a la Seguridad Social por sus empleados que por ellos mismos. Según el informe, el coste medio de las cotizaciones sociales por trabajador contratado en las empresas de entre 1 y 49 trabajadores es de 533 euros al mes, frente a lo que cotizan los autónomos por la base mínima y que asciende 283,32 euros cada mes.
Retrasar la edad de jubilación, buscar mecanismos para garantizar el equilibrio y desestimar que se ligue la subida de las pensiones al IPC son las pricipales sugerencias que la OCDE le hace al Gobierno para mantener el sistema
Por ejemplo, si un autónomo que cotiza por la base mínima tiene contratado a un empleado con un salario bruto de 1.200 euros, sólo por contingencias comunes pagará a la Seguridad Social 283,20 euros, es decir, casi el equivalente a su cuota de cotización. A ello habrá que sumarle otros 87,6 euros de cotizaciones por seguros sociales. Esto supone que el coste de cotización por el citado trabajador será de 370,8 euros cada mes, casi 90 euros por encima de su cuota mínima.
En ese mismo estudio se indica que uno de cada tres autónomos, el 28,7%, subiría su base de cotización a la Seguridad Social si mejoraran las prestaciones a las que tienen derecho, al mismo tiempo que 38,2% de los consultados señala la falta de ingresos como principal motivo para no su subirse su base y un 13,2% opta por invertir el dinero en la contratación de planes privados porque consideran que son mejores que las prestaciones que recibirán del sistema público.
Un sistema público del que también ha hablado la OCDE, que no solo ha sacado los colores al actual Gobierno (en funciones), sino también a sus predecesores, por no tener el coraje suficiente de meter mano al sistema de pensiones, maltrecho, y que necesita algo más que simples retoques para mantener su viabilidad. Sobre todo si tenemos en cuenta que el gasto en pensiones ha marcado otro nuevo récord: 9.735 millones en noviembre para pagar más de 9.780.000 pensiones, lo que supone también un récord.
El Global Pension Index 2019, de la consultora Mercer, califica con una nota mediocre a nuestro sistema con un aprobado raspado de solo 54 puntos sobre 100, y lo suspende en lo que se refiere a su sostenibilidad
Elevar la edad de jubilación, buscar mecanismos para garantizar el equilibrio del sistema, desestimar que se ligue la subida de las pensiones al IPC, volver a activar el factor de sostenibilidad, están entre las recetas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha presentado para España en un duro informe en el que carga, no de manera explícita, eso sí, contra las medidas anunciadas para el sistema de pensiones por los dos partidos que podrían formar Gobierno antes de fin de año: PSOE y Podemos.
El contundente informe critica el caso español y advierte de que si no toma medidas correctivas y emprende reformas estructurales de inmediato, el colapso del sistema puede ser inevitable. En un significativo apartado, habla de la decisión de dejar sin efecto el Índice de Revalorización de las Pensiones, limitado al 0,25% si el crecimiento económico no llegaba a determinadas cuotas, y de prescindir del factor de sostenibilidad para ligar indefinidamente las pensiones al IPC real, sin tener en cuenta la situación cada momento. La OCDE pide propuestas alternativas y con veracidad de resolución para financiar el sistema en el futuro, cuya sostenibilidad se agravaría con el tiempo sin medidas correctivas
Pero no solo ha sido la OCDE sino que la consultora Melbourne Mercer, en su Global Pension Index 2019, le coloca una nota mediocre a nuestro sistema con un aprobado raspado de solo 54 puntos y además suspende al sistema público en lo que se refiere a sus sostenibilidad y apenas le concede 27 puntos, sobre cien.
“El sistema de pensiones español presenta grandes riesgos y deficiencias, que deberían ser corregidas. Si las reformas necesarias no se realizan, su eficacia a largo plazo estará en riesgo”. Así de contundente se ha mostrado el mayor estudio de sistemas de pensiones del mundo, que cuestiona que las prestaciones en nuestro, según están diseñadas en la actualidad, puedan mantenerse en el tiempo con la actual cobertura. Pero el punto débil de España, según Mercer, es la sostenibilidad. Es aquí donde la brecha con respecto a nuestros socios europeos es más reveladora y es la que presenta la peor puntuación. Únicamente obtenemos 26,9 puntos sobre 100. En Europa, solo Italia con 19, y Austria con 22,9, están por detrás. Si tenemos en cuenta que Dinamarca lidera esta lista con 82 puntos, puede comprobarse la distancia entre nuestro el sistema danés y el nuestro.