El juez Manuel García-Castellón ha introducido una cuña en la Ley de Amnistía, cuya tramitación parlamentaria está a punto de terminar, lo que podría complicar la vida al amigo Puchimón. Mientras el fiscal general del Estado, Álvaro Gómez Ortiz, independiente del Gobierno como todo el mundo sabe, se dispone a analizar el gravísimo Caso Cataluña, donde políticos independientes podían haber sido espiados por el CNI: ¡Qué horror, en este local se juega!

La amnistía se ha convertido en el gran conflicto nacional. No nos perdamos en los pormenores y tampoco en si nos gusta o no. Hagámonos dos preguntas: ¿por qué y a cambio de qué?

El porqué: Pedro Sánchez vendería a su madre con tal de seguir en Moncloa, por ser exactos por siete votos. No parece una motivación muy loable. La ley de amnistía, por su parte, no se ha ejecutado porque el PSOE crea en la inocencia de Puchi y compañía sino para mantenerse en Moncloa el susodicho.

Segundo, la condición para el perdón -y la amnistía no es más que un perdón, una condonación de culpa- consiste en el arrepentimiento del perdonado. Pues bien, los indepes no sólo no piden perdón sino que se chulean, ya que aseguran que ellos lo hicieron todo bien y que volverán a hacerlo.

Por lo demás que los jueces sociatas apoyen al gobierno y los no sociatas o directamente peperos le persigan: ¿puede extrañar eso, hoy, a alguien? Mientras no haya justicia popular, jueces elegidos por el pueblo, tan grave será la politización de la justicia como la judicialización de la política.