Cada vez pagamos más impuestos y los servicios públicos, lejos de mejorar, empeoran. El pasado 10 de abril entró en vigor la nueva tasa de basuras en Madrid, que el Ayuntamiento comenzará a cobrar en septiembre. Otro impuesto más, esta vez por la transposición de una directiva europea de 2018, que exige llegar al 55% de reciclaje de basuras este mismo año, y al 65% en 2035.
Traducido: cada hogar madrileño pagará, de media, 140 euros más al año por la recogida de residuos (tasa obligatoria para municipios de más de 5.000 habitantes), pero la realidad estos días en la capital es que la basura se acumula en las calles. No se recoge desde el lunes 21 de abril por la huelga convocada por los trabajadores. Tampoco han cumplido los servicios mínimos del 50%, por lo que el Ayuntamiento anunció este viernes que multará a las empresas con 1,6 millones de euros. Está bien, pero no resuelve el problema.
Las empresas que tienen la contrata son FCC, Acciona, Valoriza (filial de Sacyr), Urbaser, OHLA y Prezero. Sin entrar en quién tiene razón en este caso concreto, lo que suele suceder en este tipo de contratas es que el ayuntamiento en cuestión suele fijar un precio a la baja que las empresas aceptan, pero que les ata de pies y manos y no les permite subir salarios ni contratar más personal.
No decimos que ese sea el caso actual de Madrid, pero resulta paradójico que pocos días después de entrar en vigor la nueva tasa de basuras, las calles de la capital presenten este lamentable aspecto. Lo dicho: cada vez pagamos más impuestos y los servicios públicos son cada vez peores. Esto marcha.
