En caso de saturación. ¡Pero si va y resulta que ya estamos saturados!
Los socialistas, comunistas, independentistas y amigos de los terroristas han logrado la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitirá trasladar a unos 4.000 inmigrantes, supuestamente niños y adolescentes, que llegaron en cayuco a las Islas Canarias, y otros 400 que entraron irregularmente en Ceuta.
Una vez más han sido los siete votos de Junts los que han hecho que la iniciativa saliera adelante.
Ante la desesperación de los ciudadanos canarios, ceutíes y melillenses, el Gobierno de Sánchez actúa a través de la Moncloa: una norma legal para impulsar la distribución obligatoria de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas de España.
El traslado y la acogida de menores a otros territorios comenzaría, probablemente, a partir del verano, según ha afirmado la ministra Sira Rego.
Pero, hecha la ley, hecha la trampa:
Cataluña recibirá 26 menores y Madrid 800.
Andalucía 796, la Comunidad Valenciana 477 y Galicia 326.
Objetivamente, el reparto no es equitativo.
Pero a Don Pedro Sánchez y a los suyos les da igual: serán las comunidades autónomas, unas más que otras, las que, queriendo o no, tendrán que hacerse cargo de estos menores.
Las comunidades gobernadas por el PSOE y sus socios acogerán a menos migrantes, y las comunidades regidas por el PP o Vox habrán de acoger y atender a un mayor número de estas personas.
¿Con qué medios humanos y materiales?
Aquí la respuesta sería:
¡Sálvese quien pueda!
¿Qué va a hacer el actual Gobierno de España con el flujo constante de inmigrantes ilegales que penetran o desean penetrar en territorio español?
Por desgracia, da la impresión de que son las mafias que trafican con seres humanos las que, al fin y al cabo, salen vencedoras sin que nadie les pida cuentas.
Entre tanto y como botón de muestra, los salmantinos protestan por un nuevo centro que alojará, como mínimo, 448 inmigrantes ilegales.
Para poder atender dignamente a las personas migrantes es necesario: acogerlas, protegerlas, promoverlas e integrarlas; pero para poderlo hacer adecuadamente es necesario tener los medios y los recursos materiales y humanos que permitan a España y a otros países poder llevar a cabo políticas de acogida e integración asequibles.
De otro modo, ¿qué es lo que puede ocurrir?
Que los indeseables saldrán ganando y las personas más pobres perdiendo.
¿Será capaz el pueblo español de poder revertir esta injusta situación?