Remember. Colegio Juan Pablo II de Alcorcón. Pertenece a Educatio Servanda, una organización que no esconde la educación que imparte: católica.

Ahora reparemos en el Gobierno de Madrid, del Partido Popular. Eran los tiempos en que Cristina Cifuentes, empeñada en ser la lideresa de todo el PP, se nos volvió extraordinariamente progresista. Nada menos que dos normas homosexualistas lanzó doña Cristiana: una que, en pocas palabras obligaba a colegios, tanto públicos como privados, a dar clases sobre diversidad sexual… que significa eso que ustedes están pensando.

El director del colegio, quien tuvo que sufrir una campaña de Telemadrid y del lobby gay, escribió una carta a los padres donde les recordaba que les había prometido impartir una educación católica a sus hijos y que no estaba dispuesto a dar la nueva asignatura.

Atención, doña Cristina, no solo consiguió que el mismísimo secretario general de la Conferencia Episcopal, Gil Tamayo, siempre dispuesto a contribuir aun higiénico proceso de confusión general, realizara unas lamentables  declaraciones contra el centro Juan Pablo II, sino que le abrió un expediente administrativo al colegio y -atención, que aquí es nada- la mala uva de doña Cristina, envió la carta de Carlos Martínez al fiscal “por si fuera constitutivo de delito”. Al parecer, doña Cristiana, le quería en la cárcel.

El ataque de Cristina Cifuentes (PP) a la enseñanza católica ha quedado en nada

Pues bien, afortunadamente –otros no han tenido tanta suerte al enfrentarse al lobby gay– la Fiscalía no vio indicio de delitos en la coherencia de Martínez, pero doña Cristina no dejó por ello de arremeter contra el colegio católico. Le abrió expediente administrativo, paso previo, no nos engañemos a la asfixia económica, con la retirada del concierto.

Ahora, dos años después, la justicia, donde ha acabado el conflicto, da la razón a Educatio Servanda. Lo que significa en pocas palabras, que un tribunal tumba en sentencia firme la primera sanción por leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid. Esperemos que siente jurisprudencia… en Madrid y en toda España. Si no, como todas las leyes LGTBI, tanto la libertad de enseñanza como la libertad de prensa podrían verse comprometidas.

En otras palabras, la sentencia va mucho más allá de la Comunidad de Madrid. Esperemos.