De los 16.000 millones no reembolsables que el Gobierno repartirá entre las comunidades para hacer frente a los efectos directos de la pandemia, 2.000 millones se destinarían a educación. Y el presidente del Gobierno se encargó de dejar muy claro que irán a la educación pública.

Ante este anuncio, Escuelas Católicas (EC) protesta por una «nueva discriminación» a la enseñanza concertada que, como señala el artículo 108 de la LOE, presta el servicio público educativo igual que la enseñanza pública», criticó su secretario general adjunto, Luis Centeno.

Santiago García Gutiérrez, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) señaló, en la misma línea que Centeno, que el anuncio de Sánchez «supone una nueva discriminación a este tipo de enseñanza. Según la LOE, el servicio público a la educación se presta mediante los centros públicos y los concertados. Y todos han sufrido las consecuencias de esta pandemia por lo que ambos tienen que beneficiarse de este fondo. Una vez más, esta decisión, de llevarse a cabo, no perjudicará a los centros en sí, sino a aquellas familias que deciden libremente llevar a sus hijos a centros concertados».

Que, por cierto, la educación concertada le sale al Tesoro público por la mitad del dinero que la educación pública. Y miren por dónde, la mayoría de los padres quieren que sus hijos vayan a la educación privada o privada-concertada, no a la pública.

¿La solución? El cheque escolar: pagar a los padres la educación de sus hijos y que sean los padres quienes elijan el colegio al que acuden sus hijos. Pero el cheque escolar sólo lo propone Vox.