Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a quien todos los españoles deberían pedir perdón, ha decidido contradecir a sus subordinados andaluces, mayormente a los que llevaron el caso de los ERES, y que no acaban de estar de acuerdo con otro de nuestros más honrados juristas, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que en su día se pulió el trabajo de 20 años: lo que les costó sacar adelante la sentencia sobre el mayor caso de corrupción de la historia de España, dede la desamortización de Mendizabal, el de los ERES andaluces... y que de un plumazo, quedó en nada porque así lo decidió el señor Conde-Pumpido.

Pues bien, ahora Ortiz desautoriza a su propio cuerpo en defensa de don Cándido, porque su propio cuerpo se había ido a los tribunales europeos a poner en solfa uno de los detalles mas curiosos de nuestro actual ordenamiento jurídico: que un mero Tribunal de Garantías, el TC, que bien podía no existir, como ocurre en Estados Unidos, se haya convertido, sin pedírselo nadie y porque así le ha venido en gana a don Cándido, en la cúspide del ordenamiento jurídico español.

A ver si lo que falta en la España de hoy no es buena doctrina jurídica sino un poquito, sólo un poquito, de rectitud de intención. 

¡Qué cosas digo!