En la moción de censura de esta semana, han vuelto a utilizar como arma política la historia falsa del franquismo: “Franco, tirano, sanguinario…” Reducir a estas tres palabras la historia que transcurre de 1936 a 1975 es la mejor manera de cerrar la inteligencia para averiguar lo que pasó en esos años.

Pedro Sánchez lanzó la idea de que España durante el franquismo se resume en fusilamientos y cárceles, dictados a capricho. De los ejecutados por sentencia judicial tras la conclusión de la Guerra Civil, ya me he ocupado en otro artículo de Hispanidad, en el que me he referido a su número y a los procedimientos judiciales. A diferencia de los crímenes cometidos en las checas de los socialistas, los comunistas y los anarquistas, de los que no hay expedientes de los juicios, las ejecuciones del otro bando han generado archivos con un elevado número de expedientes, en los que se pueden estudiar las garantías de los procesados y las sentencias por las que fueron ejecutados.

Y otro tanto podría decirse de los presos; a la conclusión de la Guerra Civil se permanecía en prisión tras ser juzgado y por sentencia firme. El 8 de mayo de 1940 el Director General Prisiones puenteó al Ministerio de Justicia, y utilizando su amistad con Fernando Polo, cuñado de Franco y su secretario, envió al Jefe del Estado un informe en el que le manifestaba que todavía había en prisión 103.000 personas esperando sentencia firme y que el ritmo de la justicia era muy lento, pues desde el final de la guerra hasta entonces solo se habían sustanciado con sentencia 40.000 casos. Esto motivó que Franco ordenara la incorparación a las Auditorías de un número importante de oficiales jurídicos.

No son pocos los historiadores que se han ocupado de una cuestión tan importante como la de fijar el numero de presos tras la Guerra Civil. Y entre estos historiadores no faltan los que dan los datos con errores, como es el caso de George Hills, Ricardo de la Cierva, Hartmut Heine y Javier Tusell. O lo que es más grave que un error, los que dan unos números de presos extraídos de su imaginación, como hacen Brian Crozier, Max Gallo, Ramón Garriga o Tuñón de Lara.

El número de presos durante el franquismo no fue ningún secreto de Estado y tanto la Dirección General de Prisiones como el Instituto Nacional de Estadística ofrecen esa información, a partir de la cual se puede trabajar. El número máximo de presos se alcanzó el 1 de enero de 1940 con un total de 270.719, de los que 247.487 eran hombres y 23.232 eran mujeres. Bien entendido que en este número las estadísticas no distinguen entre presos por delitos comunes y por delitos no comunes.

Los presos cumplieron sus condenas, pero la gran mayoría se vieron beneficiados la redención de penas por el trabajo y por los numerosos indultos

A partir de 1941 la población reclusa fue descendiendo rapídamente: 159.392 en el año 1941, 74.095 en 1944 y 36.379 en 1947. Y es solo desde del año 1943 cuando hay datos que distinguen entre presos por delitos comunes o no comunes. Concretamente los presos por delitos no comunes son 60.058 en 1944 y 20.391 en 1947. También puede resultar interesante conocer la evolución de la población reclusa en relación con la población de España; pues bien en 1940 era del 10,46 por mil y siete años después era del 1,33 por mil.

Contra lo que a veces se ha dicho, la disminución del número de presos no se debió únicamente ni a la muerte en la cárcel por las malas condiciones, ni a los fusilamientos. Los presos cumplieron sus condenas, pero la gran mayoría se vieron beneficiados la redención de penas por el trabajo y por los numerosos indultos. Franco siempre se negó a conceder una amnistía, pues en su opinión eso significaba el desconocimiento de los delitos. Por la tanto, la compasión con las personas se aplicó a través de la redención de penas por el trabajo y los indultos.

La redención de penas por el trabajo la conoció Franco por los escritos del jesuita Julián Pereda, discípulo del catedrático de Derecho Penal, el socialista Luis Jiménez Asúa. El padre Pereda fue profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto y rector de esta institución académica.

La redención de penas por el trabajo, según el padre Pereda, se asienta sobre los siguientes presupuestos: a) su carácter voluntario es lo que distingue este régimen de los trabajos forzados; b) la consideración del delincuente, no como un enfermo mental, sino como un enfermo moral al que hay que hacerle recuperar el sentido pleno de su responsabilidad; c) ofrecer a los presos la oportunidad de reinsertarse en una trabajo y d) si bien la pena impuesta por un delito es el modo por el que el reo paga su deuda a la sociedad, esto no puede impedir que con un trabajo voluntario pueda mejorar sus condiciones de vida y las de su familia.

En plena Guerra Civil, Franco puso en marcha la redención de penas por el trabajo. Un decreto de 28 mayo de 1938 concedió a los reclusos el derecho a trabajar. El 7 de octubre de 1938 se crearon el Patronato Central y los Locales, y el 27 de abril de 1939 Franco designa a Nuestra Señora de la Merced como su patrona, así como de las prisiones de España. Dicho Patronato se creó siendo director general de Prisiones el general Máximo Cuervo Radigales, que fue sustituido en ese cargo por otro miembro como él de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, José María Sánchez de Muniain. El jesuita Antonio Pérez del Pulgar fue el asesor religioso del Patronato, hasta su muerte el 28 de noviembre de 1939. El propio padre Pérez del Pulgar manifestó que la idea de la redención de penas por el trabajo no fue suya, sino que fue una iniciativa de Franco.

El 23 de noviembre de 1940 la redención de penas por el trabajo se amplió al trabajo intelectual. De este modo algunos presos también pudieron reducir su condena asistiendo a clases a alfabetización, de lectura, de formación religiosa o a conferencias

El 23 de noviembre de 1940 la redención de penas por el trabajo se amplió al trabajo intelectual. De este modo algunos presos también pudieron reducir su condena asistiendo a clases a alfabetización, de lectura, de formación religiosa o a conferencias. Y entre los colaboradores más destacados se encuentra el antiguo decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, el catedrático Manuel García Morente, del que uno de sus biógrafos nos cuenta lo siguiente: “Todas las semanas visitaba el local de Yeserías, donde los recluidos a resultas de la guerra esperaban la depuración de sus expedientes. Allí, en una sala destinada a instrucción y conferencias, daba Morente la suya, cuyo tema principal versó sobre ‘Ser y vida del caballero cristiano’. Su público lo formaban en su mayor parte intelectuales, profesores y periodistas, no muy numerosos, pues era voluntaria la asistencia; pero todos (dice uno de ellos) le escuchaban con fervor. Después se quedaba a conversar con alguno de los reclusos que lo deseara”.

Al principio, el sistema de redención de penas por el trabajo reducía como mínimo un tercio los años de la condena, pero hubo otras variables que aumentaron este porcentaje de redención. Alberto Bárcena ha estudiado meticulosamente en los archivos la aplicación de este sistema en su libro Los presos del Valle de los Caídos, en el que pone de manifiesto las condiciones en las que trabajaron esos reclusos, los salarios que cobraban y las condiciones en las que vivían en el Valle ellos y sus familias, desmintiendo con documentos la versión, tan falsa como manipuladora, de que el Valle de los Caídos fue levantado mediante trabajos forzados.

De la aceptación por los reclusos del régimen de redención de penas por el trabajo, dan fe los siguientes datos: en 1940 el 6,93% de la población reclusa se acogió a la redención de penas por el trabajo, y este porcentaje aumentó al 22,40% en 1943 y al 34,37% en 1947.

La segunda de las medidas de Franco que permitió acortar las penas de los presos fueron los numerosos indultos. El primero de ellos tiene fecha de 1 de octubre de 1939, que indultaba a los miembros de las fuerzas armadas republicanas, cuya sentencia fuera inferior a seis años.

El 24 de enero de 1940 se crearon una serie de comisiones jurídicas militares especiales, con capacidad de confirmar o reducir las sentencias dictadas hasta entonces, pero nunca para ampliarlas.

El 1 de abril de 1941, segundo aniversario del final de la guerra, se puso en libertad a 40.000 presos políticos. Y durante el invierno de 1941 a 1942 se indultaron a otros 50.000 presos. Lo que equivalía a que dos terceras partes de los presos de la guerra estaban ya en libertad a mediados de 1942.

La segunda de las medidas de Franco que permitió acortar las penas de los presos fueron los numerosos indultos. El primero de ellos tiene fecha de 1 de octubre de 1939, que indultaba a los miembros de las fuerzas armadas republicanas, cuya sentencia fuera inferior a seis años

En 1943 se extendieron los indultos a quienes tenían sentencias de veinte años. Y en 1945 se indultó a los condenados por rebelión militar que “no hubieran cometido delitos repulsivos para toda conciencia honrada”. Un decreto de 1 de abril de 1964 ordenó borrar de los registros los antecedentes correspondientes a los delitos indultados. En 1966 se aplicó el indulto a las responsabilidades políticas de cualquier clase. Y por fin el 31 de marzo de 1969 se declararon prescritos con anterioridad al término de la guerra civil. Por lo tanto, 1969 se puede considerar como el final de la represión de los delitos de la Guerra Civil.

Pues bien, a pesar de lo expuesto anteriormente, no pocas veces se ha dicho en los medios de comunicación que fue la amnistía de 1977 la que zanjó los delitos de la guerra Civil, a pesar de que desde 1969 ya habían sido declarados prescritos. Por lo tanto, dicha amnistía a quien en realidad indultaba era a los terroristas. La amnistía fue aprobada el 15 de octubre de 1977 con el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios: Unión de Centro  Democrático, PSOE, Partido Socialista Popular, Partido Comunista de España, Minoría Vasco-Catalana y El Gupo mixto,  y con la abstención de Alianza Popular, y los diputados Francisco Letamendía de Euskadiko Ezkerra, e Hipólito Gómez delas Roces de la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro.  

Se iniciaba así un proceso que acabaría sentando en el Congreso de los Diputados a los defensores de las tesis de los terroristas, hasta convertirlos en socios del Gobierno actual de España

Desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la amnistía de 1977 los terroristas habían asesinado a 24 personas. El mensaje que transmitió dicha amnistía a los terroristas desató su actividad criminal: en 1978 fueron asesinadas 64 personas, al año siguiente perecieron otras 84, en 1980 la cifra de las víctimas del terrorismo se elevó 93… Se iniciaba así un proceso que acabaría sentando en el Congreso de los Diputados a los defensores de las tesis de los terroristas, hasta convertirlos en socios del Gobierno actual de España.

Javier Paredes

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá.    ​