Llevamos toda la legislatura hablando de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y de la falta de independencia del poder judicial en España. No se líen: el gobierno no controla a los jueces nombrando a los más afines como vocales del CGPJ, sino a través del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Es tan sencillo como desconocido para el gran público. Dentro del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, está la Comisión Disciplinaria, una especie de departamento de asuntos internos, que se encarga de supervisar el buen trabajo de los jueces y magistrados de nuestro país. Pues bien, uno de sus siete miembros es el presidente del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, actualmente, Ángeles Carmona.

Carmona, como decimos, preside el Observatorio del que también forman parte, atentos, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y cuatro ministros: el de Interior (Fernando Grande Marlaska), la de Igualdad (Irene Montero), la de Justicia (Pilar Llop) y la de Sanidad (Carolina Darias). Todos ellos, nombrados por el presidente del Gobierno, un tal Pedro Sánchez.

La controversia está servida. Carmona, presidente del Observatorio, como hemos señalado, anima a los jueces a dictar sentencias con perspectiva de género, lo mismo que Montero, ministra de Igualdad, mientras que el decano de los abogados de Madrid, José María Alonso Puig, ha pedido que las sentencias no tengan ninguna perspectiva.

El asunto de la falta de independencia judicial ha llegado incluso al Constitucional, pero Cándido Conde-Pumpido ha considerado que el asunto no tiene interés constitucional. Recuerden que entre los miembros -y miembras- del TC está Inmaculada Montalbán Huertas, anterior presidente del Observatorio.

Pero tranquilos, porque existe una salida: acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europa. ¿Cómo? Planteando lo que se llama una cuestión prejudicial, que no es otra cosa que preguntar al TJUE si, con toda esta cadena de mando, podemos tener un juicio justo

En definitiva, la clave para el control de los jueces es el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, creado en 2004 durante el gobierno de Zapatero, siendo ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar. Montserrat Comas, socialista catalana y feminista, presidió entonces, y al mismo tiempo, el Observatorio y la Comisión Disciplinaria.

A la vista de esto, se entiende que en España, al contrario que en otros países europeos, no haya prosperado ni una sola de las demandas presentadas contra el Gobierno por la gestión del Covid. Todas han sido rechazadas en segunda instancia. Recuerden que la ministra de Sanidad, Darias, forma parte del Observatorio.

Pero tranquilos, porque existe una salida: acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europa. ¿Cómo? Planteando lo que se llama una cuestión prejudicial, que no es otra cosa que preguntar al TJUE si, con toda esta cadena de mando, podemos tener un juicio justo. El TJUE tiene obligación de responder -puede tardar cerca de un año- y mientras lo hace el proceso permanece paralizado.

Y lo mejor: si el TJUE, ante una cuestión prejudicial presentada, dicta que no es posible tener un juicio justo, estaría poniendo en duda todas las sentencias relativas a ese asunto.

En España, al contrario que en otros países europeos, se utiliza muy poco la cuestión prejudicial. Y los que más la utilizan son los independentistas catalanes.