Las “prácticas de buen gobierno” de La Moncloa emulan el intervencionismo soviético y nos alejan del capitalismo
Antaño decíamos “el medio es el mensaje”. Hoy afirmamos “ las formas son el mensaje”. Nos referiremos a las prácticas de buen gobierno corporativo, de La Moncloa, con la reciente decapitación del presidente de Telefónica. No se ha podido llevar a cabo de forma menos ortodoxa transmitiendo un aviso a navegantes. Lo malo es que no augura nada bueno.
Tenemos pruebas suficientes de la gestión de políticos en el mundo de la empresa. No hace mucho, arruinaron las cajas de ahorros obligando a su rescate (60.000 millones de euros), y arrastramos la quiebra técnica de la práctica totalidad de las casi 30 compañías pertenecientes al SEPI (Agencia Efe, Correos, RTVE entre otras) de un total de 45 empresas públicas (Renfe, Aena, Paradores, Autopistas del Estado etc) por mencionar sólo a los más capaces gestores con carnet de partido... y a varias de ellas, una y otra vez hay que inyectarles dinero público para que se mantegan a flote.
Ahora Moncloa se ha atrevido, de forma inaudita en el capitalismo occidental, a alterar las normas de buen gobierno en las cotizadas privadas. Para el IBEX y el Eurostoxx sienta un hito inequívoco. La destitución del presidente de Telefónica, José María Alvarez-Pallete, por un ejecutivo del PSOE catalán sin encomendarse al Consejo de Dirección, Junta general de accionistas, CNMV y demás gremios en plazos y tiempos en el transcurso de una citación escueta en el Palacio de la Moncloa recuerda a los viejos tiempos del franquismo en España con las empresas del INI (Instituto Nacional de Empresa) y a los conglomerados de propiedad popular de la ex RDA (Volkseigener Betriebe), gestionados por camaradas del partido único comunista alemán SED. El resultado final del colapso es bien conocido por todos.
Si Moncloa desbanca al primer ejecutivo de la primera tecnológica española Telefónica, qué no podemos esperar en el futuro de otros golpes de efecto en empresas con participación minoritaria del Estado o simplemente con poder regulatorio directo, en compañías como Airbus, EBRO Foods, ENRESA, IAG, Redeia o EPICOM
Aquí en España ya no nos escuece esta intromisión en una de las primeras telecos del mundo como es Telefónica. No es la primera vez que el ejecutivo mete mano en cotizadas privadas. En Indra, en su día, se puso al frente a un afín, Marc Murtra.
Ya a nadie tampoco sorprende en este sentido las intromisiones de la Vicepresidenta comunista Yolanda Diaz y ministra de Trabajo con sus políticas de rodillo e imposición por falta de consenso con la patronal CEOE en el tema la reducción de jornada laboral, SMI, etc. Tampoco los impuestazos del gobierno a las empresas energéticas privadas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol entre otros), a la gran banca y a inmiscuirse en la fusión entre BBVA y Sabadell.
En el pasado, las prácticas de “buen gobierno” de la Moncloa en las principales empresas españolas son todo un lujo de ortodoxia intervencionista. Esto no va de regular desde el BOE sino de imponer criterios, ejecutivos y entrada en el accionariado con dinero público por supuestas razones estratégicas cuando más bien obedece al tacticismo político para influir en favor de las políticas errantes de la coalición social-comunista y mantenerse en el poder pese a los numerosos casos de corrupción.
De todos era conocido los enfrentamientos con compañías como el grupo PRISA que más de una vez ha sido rescatado con la apariencia de subvenciones encubiertas para la publicidad institucional en una clara competencia desleal hacia otros grupos críticos mediáticos. Hoy los editores del diario El País o la Cadena SER son unos de los más dóciles con la gestión del Sanchismo, sin apenas atisbos de críticas públicas. Más les vale. El periodismo progresista genuflexiona sin rubor.
También vimos las jugadas de movimientos de alfiles, torres y reinas en empresas como Endesa, Caixabank, Indra, Hispasat, Enagás, antigua Red Eléctrica Española (Redeia) etc. Si desbanca al primer ejecutivo de la primera tecnológica española Telefónica, qué no podemos esperar en el futuro de otros golpes de efecto en empresas con participación minoritaria del Estado o simplemente con poder regulatorio directo, en compañías como Airbus, EBRO Foods, ENRESA, IAG, Redeia o EPICOM.
El precedente de Telefónica no augura nada bueno cuando desde el ejecutivo y algunas fuerzas políticas pregonan la transparencia, las prácticas del buen gobierno corporativo y la gobernanza, con cada vez más intervencionismo político desde los poderes públicos en empresas cotizadas. Algunos lo llaman bolivarismo, otros son más osados y lo califican de comunismo descarado.
Pero mientras en el Gobierno Sánchez critican los comentarios y tuits de Trump y Musk a favor de una determinada tendencia política en Europa desde sus plataformas tecnológicas (redes sociales), el Ejecutivo español no se esconde de interferir en el capital y la gestión directa de las grandes tecnológicas privadas comprando paquetes accionariales con dinero público para desbancar a sus más altos gestores ejecutivos por otros afines al ideal de militante socialista y protegerse de posibles acciones penales ante los apabullantes casos de corrupción.
Pero España, en vez de velar por reducir el intervencionismo global, Sánchez justo practica lo contrario. En esto dejamos de ser alevines del capitalismo renano en Europa occidental, retornamos al intervencionismo franquista o si lo prefieren a las prácticas del partido en las economías planificadas del bloque comunista en Europa oriental.
@ignacioSLeon
