Decíamos ayer que el rey emérito ha demandado a Miguel Ángel Revilla por utilizar "expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas" que suponen una "grave calumnia". Es la primera vez que Don Juan Carlos emprende acciones legales contra un político. Le reclama al expresidente cántabro 50.000 euros, que donará íntegros a Caritas, como indemnización por daños morales.

Responde el expresidente de Cantabria que siente "rabia de que un inviolable demande a un ciudadano de a pie". "No es cualquier cosa enfrentarse a una demanda del rey emérito", “La rabia viene de una situación que es una anomalía de la Constitución Española, en el artículo 5, que declara inviolable al rey para cualquier tipo de acto que cometa. Es inmune el rey. No puede ser denunciado por nadie”, subrayaba Revilla.

“Ese señor presenta una demanda a un ciudadano, de 82 años, y que tiene una virtud, que no ha soportado nunca la corrupción, los desmanes, ni ilegalidades de los políticos”. Revilla señala que siente rabia de que “un inviolable demande a un ciudadano de a pie”.

Es el mismo Revilla que era presidente de Cantabria cuando en febrero de 2023, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria registró la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria por orden de un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en adjudicaciones en el Servicio de Carreteras. También se registraron la casa y las oficinas de varios cargos de la consejería.

Según las sospechas de la Policía, el jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, llevaba diez años adjudicando contratos de forma irregular gracias al cargo que ocupaba y cobrando comisiones por ello, los mismos años que Revilla, del Partido Regionalista de Cantabria, llevaba siendo presidente de la región (desde 2003), salvo una legislatura en manos del PP.

La Policía Nacional, que junto a la Agencia Tributaria llevaba un año investigando la trama de corrupción en carreteras, detuvo entonces a ocho personas: a Miguel Ángel Díez como presunto líder, su esposa, sus dos hijos y cuatro personas relacionadas con las empresas investigadas.

En el domicilio de Díez, los agentes encontraron 534.000 euros en metálico y una máquina de contar dinero. También comprobaron que sus cuentas bancarias registraron un volumen de entrada de casi tres millones de euros en 2022, a pesar de tener un salario bruto de 69.160 euros anuales.

El día de las detenciones, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, aseguró que desconocía «absolutamente» a qué se debían los registros en su departamento y dijo que no le constaba «ninguna sospecha ni denuncia» en el servicio de mantenimiento de carreteras. Sin embargo, menos de diez después el presidente cántabro anunció que había aceptado la dimisión del consejero.

Revilla aseguró entonces que «ponía las dos manos en el fuego» por Gochicoa, pero reconoció que «los controles» sobre el funcionario encarcelado «habían fallado» y, por tanto, «no le quedaba más remedio» que aceptar la renuncia de su consejero.

En cualquier caso, Revilla concluye al modo chulesco: "Ven a defender la demanda y allí nos vemos".