Contábamos en Hispanidad que en España se 'okupan' 47 viviendas al día, un 40% más desde que Sánchez se instaló en Moncloa. Así se desprendía de los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior ante la consulta que registraba hace unos meses el Grupo Parlamentario Vox, cuando solicitaron las cifras del "número de viviendas ocupadas ilegalmente en España en la actualidad y desglosadas por provincias". El año 2021 cerró con 17.274 delitos y faltas relacionados, esta cifra supera en 5.000 delitos las 12.214 okupaciones con las que terminó 2018, el año en el que Pedro Sánchez ocupaba la Moncloa. 

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Por provincias, la Barcelona de Ada Colau encabeza el ranking con 5.483, cuatro veces más que Madrid, que acumula 1.660 viviendas okupadas, en tercera posición volvemos a encontrar otra provincia catalana, Girona con un total de 976, por detrás estaría Valencia con 960 okupaciones, Sevilla con 777, y otra provincia catalana, Tarragona con 643. Seguida de Murcia con 628, Alicante con 595, Baleares con 509, Toledo con 485 y Málaga con 429.

Así, Cataluña tiene a tres de sus cuatro provincias en el top 10 de provincias con más okupaciones: suman 7.345 en 2021, lo que supone el 42,5% del total de okupaciones en España. 

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No es de extrañar que Barcelona encabece este ranking: recordemos que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, perteneció al movimiento okupa en sus años mozos. Además, en Barcelona, podemos encontrar varias oficinas del 'okupa': esos "lugares de asesoramiento en cuestiones técnicas y legales en torno a la okupación". Todas las oficinas del 'okupa' realizan eventos en los que se busca "crear un espacio para fortalecer lazos y fundar alianzas; crear un punto de encuentro de las diferentes casas okupadas o centros sociales y personas donde exponer las propias experiencias". No hay nada como una buena organización okupa para sentirte acogido, y sino que se lo digan a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que podemos ver en este vídeo cuando formaba parte del movimiento 'okupa'.

Eso sí, estos datos son los registrados hasta la actualidad, cuando aún no ha entrado en vigor el proyecto estrella del Gobierno social-comunista, la nueva ley de vivienda comunista: un ataque a la propiedad privada. Ley que ha sufrido la oposición por distintos frentes: era el Parlamento Europeo quien solicitaba información al Gobierno sobre la situación 'okupa' en España, Vox pedía el endurecimiento de las penas de quien okupara, aunque PSOE y Podemos lo veía "desmesurado", Madrid comenzaba a celebrar 'juicios express' contra los 'okupas' y el PDeCAT presentaba una proposición de ley para que los okupas puedan ser desalojados en 48 horas.

Pero, mientras se aprueba y no la ley, Sánchez y sus socios podemitas se han asegurado de que al okupa ni se le toque. Así, el Gobierno suspendió los desahucios de los okupas que se declaren en "situación de vulneración social" durante el estado de alarma, y ha prolongado la suspensión de este tipo de desahucios con su nuevo plan anticrisis.