El artículo 14 de la Constitución española dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna: en el mismo texto en el artículo 24, se defiende la presunción de inocenia como un derecho fundamental que grantiza que toda persona, contra la que se haya dirigido un proceso, es inocente hasta que no se declare lo contrario mediante una sentencia judicial firme, y el principio jurídico de la carga de la prueba marca como regla general que, quien debe probar, es decir quien tiene la carga de acreditar los hechos que alega es el actor, es quien reclama. Pues bien, Irene Montero, junto con Podemos, PSOE, ERC y EH Bildu se han cargado 44 años de ordenamiento jurídico en una tarde, con la Ley del Sólo el sí es sí.

Es decir, que cualquier relación sexual puede acabar en que la parte femenina del acto asegure que, como ella no dio el sí, ha sido víctima de una agresión sexual. Y eso significa la interposición de una denuncia por violación, que puede ser castigada con penas de años de cárcel. Porque otro punto clave de esta ley es que 'las víctimas' "ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia". Esto significa que "todo acto sexual sin consentimiento será agresión" por lo que se "eliminan" los abusos sexuales del Código Penal.

La ministra de Igualdad, sostiene que el movimiento feminista "vuelve a hacer historia" y que esta ley será de los derechos más importantes "que podamos dejar a nuestras hijas en el presente y en el futuro". 

Esta nueva ley obligará a los agresores sexuales menores de edad a someterse a programas de educación sexual y de igualdad como pena accesoria, puesto que desde el ministerio afirman que esta norma es con un "enfoque responsabilizador más que punitivista".

Por supuesto, como buena ley social-comunista, la perversión de la infancia siempre presente, la educación sexual estará presente en todas las etapas educativas y dará especial relevancia al ámbito digital como principal vía de prevención

Se icluyen dos nuevas agravantes en las agresiones sexuales, el uso de cualquier sustancia química para anular la voluntad de la víctima, y que la víctima sea pareja o expareja del agresor. Cuidado aquí con las vengazas de exparejas, porque cuando dos se separan, se sobrepasan todos los límites. 

Por supuesto, como buena ley social-comunista, la perversión de la infancia siempre presente, la educación sexual estará presente en todas las etapas educativas y dará especial relevancia al ámbito digital como principal vía de prevención.

Otra novedad es que las mujeres en situación administrativa irregular que hayan sido víctimas de violencia sexual tendrán derecho a permiso de residencia y trabajo. No entendemos qué tiene que ver el tocino con la velocidad. 

Además, se incluyen penas de cárcel y multas por la difusión y redifusión sin consentimiento de fotos y vídeos íntimos de una persona, ya no habrá que destruir tarjetas. 

El texto incluirá el concepto "violencia económica" a las víctimas de "violencia machista", es decir, cuando el supuesto agresor esquive el pago de pensiones y el cumplimiento de la pensión alimenticia de los hijos. Y las mujeres víctimas de violencia sexual podrán acceder por los mismos mecanismos que las de violencia machista a las rentas de reinserción, que es una forma muy fina de decir que tendrán derecho a subvención. 

También se ha incluido la reforma de la Ley General de Publicidad para declarar ilícitos los anuncios que “supongan promoción de la prostitución”. “Se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución”, por ver qué se considera "estereotipo de género".

Así, la fantástica Ley de doña Irene afrontaba su último trámite en la Cámara Baja antes de ser enviada para su tramitación en el Senado. Debía contar con el apoyo de la mayoría absoluta, 176 votos, del Congreso, debido a su carácter orgánico, y ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción de PP y Vox. El texto no incluye las medidas contra la prostitución que 'tanto debate' levantaron hace unas semanas.

Para acabar la ministra ha afirmado: “Se acabó que la justicia en nuestro país pueda distinguir entre un abuso y una violación. Y se acabó que la prueba definitiva para determinar si ha habido una agresión es si la víctima ha presentado resistencia. A partir de ahora si decimos sí, hay una relación sexual consentida, y si ese sí no existe, hay una agresión”. Castiguemos y criminalicemos al varón, y sin pruebas, solo con perspectiva de género. 

Y de postre, lo llaman "Ley de Libertad Sexual", solo accesible para mujeres, claro está. Calcada a la ley contra la violencia de género donde basta con que la mujer acuse de maltrato al varón para que, sin diligencia alguna, éste sea conducido al calabozo.