El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante los medios junto al presidente de Brasil, Lula da Silva, ha defendido su propuestas en materia de vivienda, asegurando que dentro del paquete que anunció ayer de 20.000 inmuebles para alquiler asequible, habrá viviendas en toda España. 

Ojo, porque al igual que con las otras viviendas prometidas, éstas también tienen trampa. Para empezar, están sin construir, y para continuar, se trata de comprar suelo al Ministerio de Defensa. Es decir, los terrenos son propiedad del Ministerio de Margarita Robles, y la Ley no permite su cesión, por lo que el Ministerio de Transportes tendrá que comprarlos y pagarlos con dinero público, y la cuantía de la operación será tasada por un grupo de expertos independientes de acuerdo con el valor del metro cuadrado que marque el mercado. 

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Pero Sánchez está decidido a que la vivienda sea uno de los pilares de su campaña, aunque se sustente en mentiras. De esta forma, mañana está previsto que el Congreso apruebe la Ley de Vivienda. 

A este respecto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha advertido este miércoles al PP de que se va a aprobar la norma para "garantizar el derecho a la vivienda en este país" y avanzar hacia el progreso. La ministra ha criticado las políticas de vivienda durante los años de Gobierno del PP, en los que "redujeron las dotaciones presupuestarias para política social de vivienda al 65%", con medidas que sólo causaron "dolor y sufrimiento".

Recuerden que los grandes beneficiados de esta ley son los okupas, aunque desde el Gobierno los llamen vulnerables. Además, la norma ha sido ampliamente criticada. Una de las últimas voces en unirse ha sido la del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ha alertado de que el control de precios "puede acabar provocando el efecto contrario al que se pretende".

"Con una visión de medio y largo plazo, que yo creo que es la que hay que tener en el mercado de la vivienda, puede tener efectos negativos sobre la oferta y por tanto acabar provocando el efecto contrario al que se pretende", ha concluido.

Por su lado, Metrovacesa, la promotora participada por Santander, BBVA y FCC, también ha criticado el texto. Según la compañía, la nueva ley perjudicará el dinamismo del sector inmobiliario a la par que lastrará la creación de empleo, disminuyendo la oferta de vivienda. Así lo ha reconocido el presidente de la compañía, Ignacio Moreno: "La elevada y posiblemente persistente inflación, el incremento de los costes de construcción, la subida de los tipos de interés y la cada vez mayor carga impositiva que sufrimos en España hacen que el esfuerzo económico sobre la renta disponible de los compradores de vivienda sea cada vez más elevado".