Dolores Delgado fue ascendida por su sucesor en el cargo. ¿Qué raro, no?
El fiscal Ignacio Stampa comenzó investigando a José Manuel Villarejo por todos sus encargos de espionaje en el 'Caso Tandem'. En julio de 2020 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le abrió unas diligencias por un presunto delito de revelación de secretos en el caso Villarejo. El objetivo era indagar si los fiscales filtraron información confidencial de la causa a abogados de Podemos, partido que ejerce la acusación popular. Así se traducía en unos mensajes internos del equipo jurídico del partido en los que la letrada Marta Flor insinuó que tenía una relación con Stampa que trascendía del ámbito profesional, recoge Voz Populi.
El caso que investigaba Stampa (Tandem) -desde hacía casi cuatro años- tenía varios investigados y el dueño del despacho que defendía a varios de los principales investigados había sido un famosísimo magistrado de la Audiencia Nacional –Baltasar Garzón-, pareja de la actual Fiscal General del Estado, Dolores delgado, añade el blog 'Hay Derecho'.
Es decir, que la fiscal general del Estado mantiene una relación con el exjuez Garzón, que representa a tres acusados en las investigaciones contra el excomisario Villarejo, destaca The Objective.
Pues bien: la Asociación de Fiscales ha pedido en un comunicado la inmediata dimisión de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. La nota dice así: "Ante el cúmulo de informaciones aparecidas en el día de hoy que acreditan con pruebas documentales que la Fiscal General del Estado encubrió ante el Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de todos los fiscales, su intervención en un asunto en que debió abstenerse, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales exige, de nuevo, la inmediata dimisión de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado".
El asunto en que “debió abstenerse” es el conocido como ‘caso Stampa’.
La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales: recuerda que sus vocales electos en el Consejo Fiscal recurrieron en vía contencioso-administrativa la decisión de la FGE de no facilitarles el expediente disciplinario abierto a Ignacio Stampa por entender que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación órgano de representación democrática de la Carrera «no ayuda a despejar las dudas creadas» y afecta al principio constitucional que consagra «el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas».
«Sus actuaciones y decisiones erráticas y sectarias y su flagrante incumplimiento de los estándares éticos más elementales, sitúan permanentemente a su persona y a la institución que dirige en el punto de mira y reproche público permanentes con grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal y enorme quebranto de la confianza que la ciudadanía puede depositar en ella», dice la Asociación de Fiscales en un comunicado. Por lo tanto, «su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los demás principios constitucionales que rigen el Ministerio Público».
Pero no es la única asociación que ha salido al paso de las informaciones. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha reclamado este martes el cese de Delgado, así como la del jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García. En un comunicado, señala que tras las últimas informaciones desveladas "la Fiscalía General no está dirigida por la persona idónea; que su secretario técnico no debería permanecer ni un día más en el puesto; que hay que instaurar un sistema de contrapesos al absoluto control de la institución que ejerce el fiscal General; que la transparencia en el conjunto de actuaciones internas no debe ser ‘voluntaria’ por parte la Fiscal General, sino una obligación legal; que la infracción del deber de abstención debe determinar de manera automática el cese de la fiscal General”.
