El 'caso Begoña Gómez' -es decir, las relaciones comerciales y profesionales de la esposa de Pedro Sánchez, que presuntamente se habrían visto favorecidas por actuaciones del Gobierno que preside su marido o viceversa (empresas que se habrían visto favorecidas por la presunta influencia de Begoña Gómez en el Gobierno)- finalmente se ha judicializado.

Porque el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra ella por los presuntos delitos de tráfico de influencias (artículo 429 del Código Penal) y corrupción privada en los negocios (artículo 286 bis del Código Penal). El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto llamar a varios testigos. 

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Esta actuación judicial es la consecuencia de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias, presidido por el abogado Miguel Bernad -quien había sido condenado a 4 años de prisión por la Audiencia Nacional por un delito de extorsión consumado y otro continuado, a bancos, en el caso Ausbanc- pero que recientemente fue absuelto por el Tribunal Supremo. 

Los presuntos delitos que se le atribuyen a Gómez podrían estar relacionados con las informaciones conocidas últimamente, como los encuentros que mantuvo en 2020 con Javier Hidalgo -en ese momento CEO de Air Europa- encuentros de los que salió el patrocinio de la aerolínea a actividades de Gómez (en el IE Africa Center), una aerolínea que poco después fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 615 millones. 

O también podrían tener que ver con la información según la cual Gómez era accionista de la consultora Inmark Europa (con entre el 1,5 y el 2 % de acciones), cuando el Ejecutivo de su marido, por medio de cuatro ministerios (Economía, Transportes, Industria y Empleo), le adjudicó a la citada consultora hasta cinco contratos públicos, por un valor total de 138.688,63 euros. 

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O también podrían vincularse con que la unión empresarial (UTE) que recomendó Gómez -la alianza de la consultora Barrabés y The Valley- se llevó en cuestión de días tres contratos de un organismo público del Gobierno por un total de 10,2 millones, a pesar de presentar peores ofertas económicas.  

Todo esto ya había dado lugar a la sospecha de si se ha producido tráfico de influencias, tal y como exigió aclarar el exalcalde de La Coruña y exembajador de España ante la Santa Sede, Paco Vázquez, sobre los negocios de Begoña Gómez: "En ningún caso sus funciones profesionales deben ser en campos en los que pueda incurrirse en tráfico de influencias. Ese es el problema que se ha tenido con las informaciones de las actuaciones profesionales de la esposa del presidente del Gobierno”.

Tras conocer la noticia de la apertura de diligencias de investigaciones contra su esposa, esta mañana, Pedro Sánchez, ha dicho esto en la sesión de Control al Gobierno: "En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en su autonomía y en su independencia”.

Ahora queda por ver si partidos políticos como Vox o PP se suman a la denuncia de Manos Limpias como acusaciones particulares.

En el caso el PP, hoy se conocía que este partido ha presentado un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, contra la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) de archivar la denuncia sobre un posible conflicto de intereses en el rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a Air Europa. 

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Hoy mismo, el PP se ha limitado a pedir a Pedro Sánchez "explicaciones urgentes y necesarias por la investigación de su mujer en un juzgado de Madrid". 

Recordemos que Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018 con una moción de censura contra Mariano Rajoy basada en la corrupción del PP en el caso Gürtel. 

Veremos en qué queda el 'Caso Begoña Gómez'. Pero ahora sólo queda preguntarse una cosa: si un caso similar lo hubiera protagonizado un presidente del Gobierno del PP o de Vox, ¿qué no hubiera pasado en este país?