Lo de Begoña Gómez es un problema de discreción
Como se recordará, el pasado 16 de abril, el juez Juan Carlos Peinado -titular del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid- abrió diligencias sobre las actividades comerciales y profesionales de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias (artículo 429 del Código Penal) y corrupción privada en los negocios (artículo 286 bis del Código Penal), como consecuencia de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias, presidido por el abogado Miguel Bernad.
Poco después, se conocía que el juez Peinado, lejos de arrugarse ante este caso de tanta trascendencia para la política española -y cuya judicialización motivó el paripé de cinco días de Pedro Sánchez diciendo que se retiraba para valorar si dimitía o no, y cuyo resultado todos conocemos- encargó a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil -unidad especializada en anticorrupción- que se haga cargo de la investigación del caso 'Begoña Gómez’.
El pasado 21 de mayo, El País aseguraba que la UCO ya ha redactado y enviado su informe sobre el caso 'Begoña Gómez’ al juez Peinado, un informe que no aprecia indicio alguno de delito en la actuación de la esposa del presidente. Más en concreto, la Guardia Civil apunta que "no se tiene constancia" de que el encuentro entre Gómez y Javier Hidalgo, uno de los directivos de Globalia (grupo propietario de Air Europa), "pudiera estar vinculado a la decisión ministerial del rescate a Air Europa". La UCO tampoco identificaba "indicios" en la adjudicación de los concursos convocados por Red.es -entonces dependiente del Ministerio de Economía- a la empresa de Juan Carlos Barrabés (que fue profesor del máster de Transformación Social Competitiva de la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense), pese a las cartas de recomendación de Gómez sobre esa empresa.
Sin embargo, ayer se conocía por El Debate que el juez Peinado prosigue con la investigación del caso Begoña Gómez pidiendo un dictamen a la Intervención General (IGAE) sobre el rescate de Air Europa. Además, también ayer, por la tarde, se conocía que ha citado a declarar a seis testigos, entre ellos, Juan Carlos Barrabés, el cual tendrá que acudir al juzgado el 7 de junio.
Es más, hoy The Objective informa de que, tras entregar al juez un primer informe (preliminar, no definitivo), la UCO de la Guardia Civil va a seguir investigando el 'caso Begoña Gómez', porque creen que hay "indicios" de un presunto delito de tráfico de influencias. Las fuentes de este medio aseguran que la filtración del informe fue "tendenciosa", es decir, con el objetivo de lograr algún beneficio político en ese momento.
Por su parte, Vozpópuli añade también hoy que el juez Peinado ha avisado de que mantendrá el secreto de la causa para proteger al máximo la investigación penal. Aunque el magistrado ha informado a la acusación popular (esto es, a Vox) de la declaración de los periodistas y responsables de medios que habían publicado informaciones sobre el caso Begoña Gómez -Ignacio Cardero y Francisco Mercado- y a los que citó en el juzgado recientemente.
Y por cierto, OK Diario asegura que Begoña Gómez presiona a Sánchez para que destituya a Óscar López y Antonio Hernando -ambos en el gabinete de su marido- por «no defenderla» en todo este asunto...
