Como informó Hispanidad en junio y julio de 2024, la mayoría sanchista del Tribunal Constitucional anuló y rebajó las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala Penal del Tribunal Supremo contra Magdalena Álvarez (PSOE), contra Manuel Chaves (PSOE) y contra José Antonio Griñán (PSOE), todos ellos condenados por delitos como prevaricación o malversación de caudales públicos en el caso de los ERE de Andalucía, el caso de corrupción más grave de la historia de la democracia española, que ocurrió bajo mandato socialista y por el que se desviaron ilegalmente 680 millones de euros destinados para los parados por parte de la Junta de Andalucía.

Para la mayoría sanchista del TC, las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo poco menos que habían vulnerado el derecho a la legalidad penal recogido en el artículo 25.1 de la Constitución Española y a la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE).

El TC, además, ordenaba a la Audiencia de Sevilla que redactase nuevas sentencias, rebajando las culpabilidades y los presuntos delitos. 

Esta actitud del TC sentó como un tiro, por ejemplo, al Tribunal Supremo, donde algunas fuentes revelaron a La Razón que los magistrados 'sanchistas' del TC habían perpetrado una «invasión del principio de legalidad», reprochaban al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido que actuase como «una segunda instancia» y calificaron esta actuación de la mayoría sanchista del TC como "gravísima". «¿Cómo nos va a decir a nosotros el Tribunal Constitucional cómo se interpreta la prueba?», se preguntaban.

Pues bien: la COPE ha desvelado hoy que la Audiencia de Sevilla ha movido ficha respecto a las decisiones del TC en el caso de los ERE al considerar que sus sentencias  rebajando las penas de los encausados podrían haber vulnerado el derecho de la UE, por lo que ha dado 10 días de plazo a las partes para que se pronuncien antes de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. En concreto, ha pedido opinión a las partes sobre si el TC se "extralimitó" e "invadió" espacios reservados a los jueces. 

Lo cierto es que si el TC sanchista pensaba que su vergonzosa actitud en su sentencia del caso de los ERE iba quedar impune, al menos, todavía puede tener recorrido en Europa y podría incluso quedar anulada. Pero no adelantemos acontecimientos...

Veremos en qué queda este asunto, porque el derecho europeo, que está empezando a ser invocado como una instancia superior a la jurisdicción de los estados, está todavía en ciernes...