En febrero del año pasado se aprobaba definitivamente la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. La Ley permite la autodeterminación de género, es decir, el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe ni tratamiento médico. Numerosos expertos han concluído que este punto de la norma ya no es sólo el más polémico, sino que se trata de incluir el fradude de ley en la propia ley, al suponer un coladero total. 

Ayer mismo en el Consejo de Ministros el monotema fue el reparto de los Menas por España, pero hubo más asuntos aprobados, por ejemplo ayudas económicas a víctimas de violencia sexual vulnerables. En la propia ley determina las condiciones para acreditar la condición de víctima. 

Entre ellos encontramos que es necesario: una sentencia condenatoria, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar, un informe del Ministerio Fiscal; un informe de los servicios sociales, un informe de servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, un informe de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la administración pública competente o de la Inspección de Trabajo así como de la Seguridad Social y una sentencia de la jurisdicción de lo social.

Algo que ha llamado la atención a más de una usuario en twitter que compara lo fácil que es decir que eres mujer y lo complicado de acreditar que eres víctima de violencia. 

Además, hay que recordar los cada vez más numerosos casos en los que los hombres usan la ley para librarse de cárcel, acceder al sistema de protección de víctimas de violencia machista o que se declaran mujeres para evitar la condena. El último esta misma semana. 

Todo ello, sumado a la situación con los menores, ha provocado que la Agrupación AMANDA, de madres de niños trans, y las feministas clásicas, hayan pedido reuniones urgentes con las Ministras de Igualdad, Sanidad y Juventud e Infancia para parar la salvajada trans, sobre todo, en menores. 

Y es que no podemos olvidar que el Gobierno ha recurrido las reformas de las leyes trans de Ayuso, unas reformas muy tímidas, pero que al menos protegen en cierta medida a los menores. 

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Pero ya saben, el Gobierno ha desvinculado por completo la Ley Trans española de los veredictos del conocido como ‘informe Cass’. El informe, conocido y usado por todo el mundo por su gran relevancia, advierte de la falta de evidencia sobre la efectividad y las secuelas de los tratamientos médicos para bloquear hormonas en menores de edad.

Según Moncloa, su norma tiene que ver con la “igualdad de trato y reconocimiento de derechos”, y “no regula tratamientos” y defiende que “hasta la fecha no se ha identificado ninguna señal de sospecha de reacción adversa adicional” de estos fármacos, claro que no...

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Se ve que los efectos que se producen en todo el mundo no aplican en España... Parece claro que la reunión solicitada no llegará, no hay nada como negar la evidencia y no escuchar para que te salgan las cuentas.