Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, acusa a Agbar sin pruebas de estar detrás de las acusaciones contra su persona. Lo ha hecho en una rueda de prensa tras tener que declarar por su imputación por repartir dinero público entre asociaciones afines a su ideología, aunque esto es sólo una muestra de su horizonte penal, pues la ‘centrífuga’ y comunista Colau ha sido ahora denunciada por acoso laboral a un policía.

La regidora de la Ciudad Condal ha tenido que declarar tras su imputación por presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. En concreto, por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones por 1,2 millones de euros a entidades afines a su ideología, entre ellas: el Observatorio DESC -entidad en la que trabajó antes de dar el salto a la política-, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).

A la salida de su declaración judicial, Colau ha presumido de estar “tranquila y contenta” porque “no tenemos nada que ocultar” y “he podido responder a cualquier pregunta que se me ha planteado”. Eso sí, en esto último hay cierta trampa, porque sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, Álex Solà, y del fiscal. En su opinión, “no hay caso”, porque la imputación por la que ha declarado se debe a una querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, que es al 99,9% igual que la que la Fiscalía archivó el pasado julio y que había sido presentada por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución.

Colau critica a la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática y la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, y su mala fe: con sus “dos querellas no sólo querían atacarme a mí y a mi gobierno, también querían erosionar la legitimidad de las entidades sociales a las que se hace referencia en la denuncia”

Colau no ha perdido la ocasión de dar una interpretación política: “A nadie escapa que las dos querellas no son un hecho aislado” porque las dos asociaciones tienen el mismo abogado, aludiendo a “la mala fe de las querellantes”. “Con estas dos querellas no sólo querían atacarme a mí y a mi gobierno, también querían erosionar la legitimidad de las entidades sociales a las que se hace referencia en la denuncia, entidades que hacen un trabajo imprescindible”. 

Y por si esto no bastara, ha destacado que su gobierno ha recibido 12 querellas, de las que 10 han sido archivadas, recordando que dos de las archivadas se presentaron contra el concejal Eloi Badia, que iimpulsó el intento de municipalizar la gestión del agua de la ciudad, fueron presentadas por Agbar. Asimismo, ha referido que de las 10 querellas archivadas, la mayoría proceden del sector inmobiliario y del tema del agua. Además, ha añadido que la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática “no es nada transparente” y que actuó para paralizar la consulta que se quería hacer a los ciudadanos barceloneses sobre una posible gestión pública del agua y también contra el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, por querer hacer lo mismo. Recuerden que hasta ahora la gestión de agua de la Ciudad Condal y sus alrededores es privada y corre a cargo de la sociedad mixta Aigües de Barcelona (constituida por Agbar, Criteria Caixa y el Área Metropolitana de Barcelona), una concesión que recibió el aval de Tribunal Supremo en noviembre de 2019.