Como se sabe, actualmente, los funcionarios públicos pueden elegir recibir atención médica en la sanidad pública o en la sanidad privada. Es lo que se llama el ‘Modelo Muface’. En la actualidad, el Modelo Muface presta atención médica a alrededor de 1,8 millones de funcionarios y beneficiarios.

Pues bien: los comunistas de Unidas Podemos, a los que no les gusta nada todo lo que suene o huela a iniciativa privada, han presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la que reclama que las nuevas incorporaciones que se produzcan al cuerpo funcionarial solo puedan ser atendidos por la sanidad pública, informa La Razón. 

Conviene tener en cuenta que las listas de espera en la Sanidad Pública se han disparado. Y que cada año, más de un 80% de los que trabajan en la administración elige recibir atención en la Sanidad privada y apenas un 20% opta por la pública.

Cada año, más de un 80% de los que trabajan en la administración elige recibir atención en la Sanidad privada y apenas un 20% opta por la pública

Los defensores del modelo Muface siempre han señalado que esta situación podría colapsar el sistema público e implicaría la muerte de decenas de clínicas y hospitales privados, encareciéndose además el gasto para el Estado. Según los cálculos de la Fundación IDIS, el actual mutualismo administrativo ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año. «Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita; en concreto, 451 euros» añada IDIS, según recoge La Razón. 

Según el informe del IDIS, el Estado destina 1.368 euros de media al año a cada paciente cubierto por la Seguridad Social. En cambio, cada adscrito al modelo Muface le cuesta 917 euros de media. Los cálculos del IDIS cifran en alrededor de 3.000 millones de euros el coste final para el Estado de la atención a los mutualistas en caso de una hipotética desaparición del modelo de mutualidades, sin tener en cuenta las inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia a esos 1,8 millones de personas. Bajo el régimen actual, ese coste es de alrededor de 2.230 millones.

Según sus cálculos, la demora media podría pasar en las primeras de 88 a 122 días. También se multiplicaría por cinco la ocupación hospitalaria. Por si fuera poco, el Estado ingresaría entre 30 y 33 millones menos en concepto de impuesto de sociedades, añade La Razón.