El objetivo de la reforma del reglamento de extranjería, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, es regularizar a 300.000 inmigrantes anualmente, durante los próximos tres años. En total, a 900.000 extranjeros, necesarios, según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para garantizar nuestro estado del bienestar. Se supone que todos ellos votarán al PSOE.

Paralelamente -este gobierno no sabe vivir sin propaganda- el reglamento servirá para combatir el catastrofismo con información veraz, es decir, servirá para acabar con los bulos que relacionan la inmigración ilegal con la delincuencia. Lo dicho: este gobierno lleva la propaganda en la sangre.

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Un dato muy esclarecedor y nada catastrofista: según doña Elma, España pierde 17.000 millones de euros al año debido a la discriminación laboral y educativa a la población extranjera. ¿Comprenden? Yo no, pero menos mal que este reglamento va a permitir ‘retener’ esos 17.000 millones de ahora en adelante… o no.

Saiz apunta alto: “Va a servir para combatir mafias, fraudes y vulneración de derechos”. Eso, sin exagerar, porque mucho nos tememos que para acabar con las mafias y los fraudes hacen falta muchas más cosas, y una determinación mucho mayor, que un reglamento.

Ya en el turno de preguntas, la ministra portavoz, Pilar Alegría, no quiso aclarar si los socialistas estarían dispuestos a votar a favor del candidato europeo de Meloni a cambio del apoyo del PP a Teresa Ribera. Tampoco desveló cómo piensa el Ejecutivo lograr la cuadratura del círculo de la reforma fiscal, que el lunes -martes de madrugada- aprobó la Comisión de Hacienda del Congreso y que el Congreso votará el jueves. ¿Habrá impuesto a las energéticas? Habrá que esperar.

Del juez Peinado y su última petición -el certificado matrimonial de Begoña Gómez y Pedro Sánchez- tampoco quiso comentar nada: el gobierno confía en la justicia y la verdad pondrá las cosas en su sitio, según Alegría.

 

Por supuesto, al margen de todo lo anterior, la prioridad del gobierno es trabajar para la recuperación de los afectados por la DANA. Tanta es esa prioridad que ha creado la figura del Comisionado Especial para la recuperación, otro cargo con sueldo público que todavía no ha sido elegido. Eso sí, el gobierno, con todos los asesores que tiene -sólo el presidente cuenta con unos 400- aún no ha cuantificado económicamente, ni siquiera aproximadamente, los daños de la DANA. Esto marcha.