Pese al criterio de la Fiscalía de inadmitir la denuncia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) seguía adelante y hoy se ha conocido que está preparando la notificación del auto
Contábamos en Hispanidad que la cacería contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa.
La Junta de Fiscales de Sala daba su respaldado a la orden dictada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, es decir, la número dos de García Ortiz. La convocatoria de reunión partía de la petición de la fiscal María de la O Silva de la Fiscalía Superior de Madrid, encargada de informar de la querella interpuesta por el novio de Ayuso contra los fiscales, que invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), ya que consideraba improcedente la orden de Sánchez-Conde, de inadmitir la denuncia.
Pese al criterio de la Fiscalía de inadmitir la denuncia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) seguía adelante y hoy se ha conocido que está preparando la notificación del auto que dará inicio a la investigación sobre la nota de prensa que redactó y divulgó la Fiscalía con datos personales de la pareja de la presidenta madrileña. Además de pronunciarse sobre la querella interpuesta por el novio de Ayuso, el TSJM se pronunciará sobre otra denuncia presentada respecto a los mismos hechos por el Colegio de la Abogacía de Madrid.
Ante la revelión del TSJM, la Fiscalía ha movido ficha, ha apartado de la causa a María de la O Silva y ha fijado al fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes para que asuma el caso.
Por lo que Sánchez vuelve a darse de bruces contra los jueces, uno de los órganos que aún le queda por controlar por completo. Merece la pena recordar que allá por el 2020, momento álgido de la pandema, con nocturnidad y alevosía el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de una nueva Ley Orgánica de Enjuiciamento Criminal. Con esa nueva ley, el Gobierno pretende que las instrucciones penales pasen a ser competencia directa de los fiscales, en vez de los jueces, politizando, aún más la justicia. Se crearía la figula del fiscal investigador, quien tendría competencias que ahora tienen los jueces instructores, pudiendo practicar diligencias.
