Hace unos días, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, presentaron el informe “El problema de la ocupación ilegal en España. Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) 2024”, donde denunciaban la "tolerancia hacia la ocupación ilegal" del Gobierno.

Pero claro, la alarma partía del IEE, el centro de estudios de la CEOE, es decir, 'los malos', 'los ultras', los peligrosísimos representantes de los malvados empresarios, cercanos a la ultraderecha si me apuran. Pero es que hoy, martes 8 de abril, la alerta la ha realizado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, socialista de pro. 

Los casos de okupación acaparan las noticias día tras día y la paciencia de la gente ha llegado a su límite, lo que ha provocado que Gabilondo se pronuncie sobre la okupación en su Informe Anual de 2024. 

En el documento se refiere a la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con relación a la ocupación ilegal de viviendas y explica, atención: "En la mayor parte de los casos sin que exista relación alguna con situaciones de extrema necesidad, han aparecido también fenómenos de ocupación ilegal premeditada". Destrozando así el argumento del Gobierno para mantener el decreto antidesahucios.

Y Gabilondo sigue ganándose así más de un enemigo en la Ejecutiva, porque asegura que hay okupas que okupan "con finalidad lucrativa", "aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad".

Ángel es un hombre informado y ha debido ver el texto donde queda claro que los propietarios no son malvados rentistas sino que en su mayoría son personas mayores que usan el alquiler para completar la pensión, y ataca también por ahí. "Incluso, se han llegado a ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en situación económica muy precaria o propiedad de ancianos con pocos recursos".

"Para abandonarlas, se les ha exigido el pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o se ha extorsionado al propietario o poseedor legítimo de la vivienda para obtener una compensación económica como condición para recuperar la vivienda de su propiedad o que legítimamente venía poseyendo".

Y Ángel se tira a la piscina en sus conclusiones: "Esta institución considera que, al mismo tiempo que hay que proteger a las personas en situación de vulnerabilidad económica, deben rechazarse y combatirse conductas ilícitas como las descritas en el preámbulo citado".

"Tal es el propósito de las modificaciones de la Ley 5/2018 que, al mismo tiempo que introducen a los servicios sociales en el proceso civil de ejecución para que puedan ser atendidas situaciones que lo merecen, dotan de instrumentos procesales más eficaces a los propietarios de viviendas para conseguir su recuperación".

"El Defensor del Pueblo considera que la eficacia de la Justicia es absolutamente fundamental. Es claro que el diseño de procedimientos en teoría ágiles y eficaces, y por tanto suficientes para combatir fenómenos anómalos de ocupación de viviendas no puede alcanzar los objetivos pretendidos si la Justicia carece de los medios personales y materiales suficientes".

Y ojo, porque puede ser que haya pasado algo entre Gabilondo y Sánchez, quizás el Defensor del Pueblo está celoso porque a Tezanos, otra fuerza viva del Gobierno, le han ascendido y a él no, porque hace un año el mismo Gabilondo defendía a los okupas. ¿Qué ha pasado, Ángel? Cuéntanos, estamos aquí para escuchar.