Ahora es el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, casi un mes después de la petición de Goyena, quien ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
Contábamos en Hispanidad que la cacería contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa. Pese al criterio y la presión de la Fiscalía de inadmitir la denuncia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) seguía adelante y el Ministerio Público movía ficha, apartando de la causa a María de la O Silva y fijando al fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes para que asuma el caso.
Recordemos que hay dos causas abiertas, la querella interpuesta por el novio de Ayuso y otra denuncia presentada respecto a los mismos hechos por el Colegio de la Abogacía de Madrid: la nota de prensa que redactó y divulgó la Fiscalía con datos personales de la pareja de la presidenta madrileña.
El juez Francisco José Goyena redactó una batería de diligencias y exigió a la Fiscalía que identifique tanto a las personas “concretas” que redactaron ese comunicado, como a quienes “intervinieron en la decisión” de hacerlo público, incluido el “máximo responsable (en rango)” de la carrera fiscal que dio el visto bueno a su publicación.
Ahora es el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, casi un mes después de la petición de Goyena, quien ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que asume la responsabilidad de la nota de prensa, asegurando que no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones "expresas y directas".
Admite su culpa no sin antes decirle al TSJM que no tiene competencias para para investigarlo, algo que compete al Tribunal Supremo, según él mismo.
Aunque sostiene que "ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva, pues todos los correos electrónicos -no solo los remitidos por el letrado de González Amador, sino también los enviados por fiscal- habían sido previamente desvelados por los medios de comunicación".
Y ojo, porque tras pasar menos de una semana desde que Sánchez señaló a los jueces, García Ortiz cree que "indagar sobre el funcionamiento de los mecanismos de decisión del Ministerio Fiscal en la forma en la que se está haciendo sólo puede causar un deterioro al recto funcionamiento de la Justicia".
Por si fuera poco, reconoce que volvería a dar luz verde a esa nota de prensa: "Ese comunicado, que -como ya se ha señalado- volvería a suscribir y ordenar para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal, se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como a proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal".
"Cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como Fiscal General del Estado no puedo consentir ni tolerar", asegura en su escrito.
García Ortiz sostiene que "con esa declaración y el escrito presentado hoy, el fiscal general trata de proteger a las y los fiscales de Madrid -tanto de la Fiscalía de la Comunidad como de la Fiscalía Provincial- y a la Fiscalía en su conjunto".
Parece que García Ortiz sigue luciéndose como Fiscal General del Estado.
