Almudena Lastra "se negó rotundamente" a firmar el documento por el que García Ortiz decidía filtrar la información
Contábamos ayer lunes en Hispanidad que para los letrados madrileños lo que está ocurriendo no es grave, es gravísimo. En primer lugar, por las sospechas sobre la filtración interesada que la Agencia Tributaria habría perpetrado sobre el estado fiscal de Alberto González, pareja de la presidenta madrileña.
Pero aún más grave resulta que la misma Fiscalía de la Audiencia Nacional emitiera un comunicado concluyendo que González era un defraudador. Por lo que el Colegio de Abogados de Madrid ha decidido denunciar a la Fiscalía.
A este respecto, García Ortiz, ha defendido en una carta a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española que "se ha salvaguardado" el deber de reserva en el caso: "Incontrovertidamente alejado de la verdad queda que el objetivo y voluntad de la Fiscalía pueda ser interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal", sostiene García Ortiz en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Pues bien, García Ortiz se queda aún más sólo y acorralado, porque según ha conocido El Debate, de fuentes próximas al Ministerio Público, la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra "se negó rotundamente" a firmar el documento por el que García Ortiz decidía filtrar la información relativa al novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. En cambio, Lastra se limitó a remitir la nota desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), en la versión cronológica de los hechos asumida por el fiscal Julián Salto, además, envió por escrito vía mail al Fiscal General que la difusión de la nota respondía al "estricto cumplimiento" de sus instrucciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público (EOMF).
Lastra tomó esta decisión porque a su parecer, la filtración de los datos, eran incompatibles con el deber de "confidencialidad" de las partes en el proceso.
A lo que hay que sumar que el novio de Ayuso ya anunció que iba querellarse contra María Jesús Montero, la Fiscalía y la Agencia Tributaria por revelación de secretos.
