Hablamos de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad e Irene Montero
Más consecuencias de haber tenido a Irene Montero como Ministra en España. Según datos del registro (Inforeg y Dicireg) a los que ha tenido acceso Europa Press, un total de 1.306 personas modificaron su sexo en el Registro Civil en 2022.
Dato que cuadruplica los registrados en 2012. Si comparamos con los años 2004 y 2005 o 2006, las cifras bajan a 3 casos y un trámite, respectivamente.
Además, por una resolución del Portal de Transparencia facilitada a El Debate con fecha de 19 de febrero de 2024, se ha podido saber que el número de inscripciones durante 2023 asciende a 5.139, cuatro veces más que en el año 2022.
Según la información, los datos empezaron a crecer lentamente en 2007, año en el que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley al respecto. La norma permitía la modificación en el registro si la persona presentaba un diagnóstico médico de disforia de género y, al menos, dos años de tratamiento hormonal del solicitante. Aún así, ese año el Registro Civil contabilizó 15 cambios de sexo, número muy alejado de los 5.139 del pasado año, cuando ya estaba en pleno funcionamiento la Ley Montero, por la que se puede cambiar de sexo en el Registro por el simple hecho de decir que te sientes hombre o mujer.
Hablamos de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad. Y una vez más y como se hizo costumbre en las leyes de Irene Montero, fue aprobada desoyendo las recomendaciones de los expertos. Irene no quiso escuchar ni a la progre ONU, que advirtió de las consecuencias de la Ley. Tampoco escuchó a los médicos y también desoyó los numerosos casos de trans arrepentidos que advirtieron de las consecuencias irreversibles de esta ley. Tampoco a otros países que ya tenían leyes como esta y dieron un paso atrás por el aumento de estos casos y por las consecuencias de la norma.
Uno de los puntos más polémicos del texto es la autodeterminación de género, es decir, el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 14 años. Si se trata de personas menores de 18 años y mayores de 16, podrán pedir la rectificación del sexo de forma autónoma, y entre 14 y 16 años, lo podrán hacer, pero asistidos por su padre, madre o tutor legal. En cambio, entre los 12 y los 14 años se necesita una aprobación judicial y el juez puede pedir las pruebas que considere necesarias.
La norma reconoce la identidad de la persona trans a través de un procedimiento administrativo en el Registro Civil, donde la persona interesada expresa su voluntad ante el funcionario y es efectivo a los tres meses cuando ratifique su deseo. Así, elimina cualquier informe o diagnóstico médico o psicológico que acredite su disforia de género y la necesidad de haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años.
Lo cual puede llevar a serios problemas. Por un lado, los que hemos visto con los presos que han pedido su traslado a cárceles de mujeres. Además de las injusticias que pueden sufrir las mujeres biológicas en sus carreras profesionales, como puede ser en el deporte o el caso que conocimos en las pruebas a policía de Torrelodones. A lo que hay que sumar el aumento de casos que hemos visto con los datos del Registro.