Recordemos los antecedentes: el Tribunal Supremo ratificó recientemente --a falta de publicación de la sentencia-- la condena a seis años de prisión para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y la inhabilitación durante 15 años para el también expresidente Manuel Chaves --ambos históricos del PSOE-- por el escándalo de los ERE fraudulentos de Andalucía,  en el que se llegaron a defraudar nada menos que 680 millones de euros.

Griñán fue condenado por un delito de prevaricación y malversación en su etapa como consejero de Economía y Hacienda, entre 2004 y 2009, y también recibió una condena a inhabilitación absoluta durante 15 años. Por su parte, Chaves fue condenado por prevaricación en la sentencia de 2019 de la Audiencia de Sevilla que ahora confirma la Sala de lo Penal del Supremo.

Hasta el momento, por cierto, solo se han devuelto 21 millones de euros de los 679 millones 'desaparecidos' por el caso ERE.

Pues bien: según publicó el miércoles El Confidencial, la mujer de Griñán, María Teresa Caravaca, y su hijo, Manuel Griñán Caravaca, presentarán la petición de indulto parcial para el expresidente andaluz alegando su «intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la democracia». El documento, que será presentado ante el Ministerio de Justicia y que busca evitar la entrada en prisión del que también fuera presidente del PSOE, contará con la firma de apoyo de, entre otros, dos expresidentes del Gobierno: los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. Asimismo, señalan que será presentado tras la publicación de la sentencia del Supremo, de la que hasta ahora sólo se ha adelantado el fallo.

González es reincidente, pues recientemente defendió a a capa y espada a Griñán, del que llegó  a decir: “El conocimiento de la persona me lleva a considerar imposible que sea considerado culpable de un delito de malversación y, por tanto, injusto condenado a pena de prisión por ello”.

Los expresidentes del Gobierno están especialmente llamados a defender la igualdad ante la ley para todos los españoles. Y un indulto como ese supondría un agravio comparativo para muchos presos, que siguen y seguirán en la cárcel

Insistimos: llama la atención que dos expresidentes del Gobierno pidan el indulto para una persona que ha cometido delitos y que ha sido condenada nada menos que por el Tribunal Supremo, por muy socialista que sea la susodicha persona. Porque los expresidentes del Gobierno están especialmente llamados a defender la igualdad ante la ley para todos los españoles. Y un indulto como ese supondría un agravio comparativo para muchos presos, que siguen y seguirán en la cárcel.

Pero es que el actual presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, hasta hace poco también abjuraba de los indultos. Aunque luego, por conveniencia política, o sea, para mantenerse en el poder, hizo lo contrario de lo que había prometido (y esto en varias ocasiones), como puede verse en este vídeo que publicó Hispanidad.

E insistimos en el el artículo que el jurista Diego Fierro Rodríguez publicó en la revista Economist & Jurist, que recogimos en Hispanidad: ”Muchos dirigentes políticos del PSOE han defendido a José Antonio Griñán criticando la condena impuesta a él por la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla porque entienden que la misma carece de sentido al no haberse producido un enriquecimiento ilícito de José Antonio Griñán. Sin embargo, ese factor no tiene relevancia penal por la interpretación que se ha hecho del artículo 432 del Código Penal, tanto en la redacción original de 1995 como en la redacción derivada de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015”. "El hecho de que José Antonio Griñán no se quedara con un solo céntimo de euro resulta absolutamente irrelevante a nivel penal y carece de efectos excluyentes de la responsabilidad criminal por el delito de la malversación de caudales públicos que tenía a su cargo”. "Es muy preocupante que se defienda con tanto empeño a una persona que ha cometido un delito de corrupción por desviar fondos públicos a fines diferentes de los propiamente marcados por el ordenamiento jurídico mientras ocupaba un cargo público, resultando palpable que todo ello se debe a las intenciones de deslegitimar la sentencia y justificar de manera contundente un recurso de amparo de muy dudosa viabilidad”.

El socialismo toma por estúpidos a los españoles. Es absolutamente indignante.