La cacería contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa
Contábamos en Hispanidad que la cacería contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa. Pero la semana pasada el caso daba un vuelco. La Agencia Tributaria ha pedido a la Tesorería que devuelva 552.000 euros al novio de la madrileña.
Además, el novio de Ayuso continúa tomando medidas legales ante la campaña que ha sufrido y ha interpuesto dos de demandas de conciliación contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
Ahora se conoce el pacto que el novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía, un acuerdo en el que confesaba dos delitos contra la Hacienda Pública, proponía una condena ocho meses de cárcel, que no implicaba su entrada en prisión, y el pago de medio millón de euros, buscando una conformidad con la Fiscalía, una fórmula habitual.
Asimismo, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentaba una denuncia contra la Fiscalía y se ha conocido que el magistrado Jaime Serret considera que los hechos ofrecen "indiciariamente" caracteres constitutivos de un posible delito. Aunque considera que no le corresponde a su juzgado conocer y pronunciarse sobre el asunto porque, al menos, hay dos fiscales aforados bajo sospecha. Por lo que Serret lo habría elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Mientras, en la tarde de este martes 24, la Junta de Fiscales de Sala ha respaldado la orden dada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, a la fiscal asignada a la querella interpuesta por el novio de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos contra los fiscales de Madrid, según informan fuentes fiscales. La convocatoria de reunión partía de la petición de la fiscal María de la O Silva de la Fiscalía Superior de Madrid, encargada de informar de la querella interpuesta por el novio de Ayuso contra los fiscales, que invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), ya que consideraba improcedente la orden de la número dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez-Conde, de inadmitir la denuncia.
Tras la reunión de esta tarde, una mayoría de miembros del denominado 'generalato' de la Fiscalía ha avalado pues que la posición del Ministerio Público sea contraria a la admisión de la querella presentada por Alberto González Amador contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto.
