Los laudos de las renovables son otro ‘regalo’ que Teresa Ribera ha dejado a su sustituta en la Vicepresidencia tercera y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, junto a la decisión sobre si mantener el cierre de las nucleares o prorrogarlas, y a la urgente inversión en redes eléctricas y la mejora de la retribución de dicha inversión. Y en el tema de los laudos, EEUU, aún bajo el mando del verde Joe Biden (el presidente electo Donald Trump tomará posesión el próximo 20 de enero), no lo está poniendo nada fácil.

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha rechazado por unanimidad la petición que le hizo España para que revisara la reclamación de tres laudos (en concreto, de los de Nextera, 9REN y AES -este último lo asumió el fondo Blasket) que hizo el pasado verano. Ni siquiera la alegación de la Comisión Europea -de la que ya forma parte Ribera- ha mejorado el panorama, pues no ha tenido ningún efecto. Eso sí, aún hay una mínima esperanza para una reclamación de unos 358 millones de euros, porque cabe recurso ante el Tribunal Supremo estadounidense. Claro que la sentencia del pasado verano señalaba que dichos laudos otorgaban a los tribunales federales la jurisdicción para hacerlos cumplir... lo que podría sentar precedente… y abrir la vía a nuevos embargos.

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Conviene recordar que el ‘regalo’ de los laudos de las renovables lleva muchos años coleando. Todo empezó cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se quiso lucir en materia energética y concedió en masa primas a las renovables, que dispararon el déficit de tarifa a casi 30.000 millones. El primero que empezó a darse cuenta del desastre fue el socialista Miguel Sebastián y le siguió el pepero José Manuel Soria, pues en sus respectivas épocas como ministros del ramo, en concreto, en los años 2010 y 2013, decidieron recortar dichas primas. Asimismo, el Tribunal Supremo español estimó que la rentabilidad no podía ser del 22%, sino que una rentabilidad de entre un 7% y un 9% para las renovables era más que suficiente, pero a las compañías y los fondos no les pareció así y empezaron a recurrir a arbitrajes internacionales contra España, que ya acumulan fallos en contra y otros favorables, así como embargos por la falta del pago de los mismos. 

No hay que olvidar que aún seguimos pagando el déficit de tarifa, la herencia histórica en energía que nos legó Zapatero: en 2019 cerró en 16.602 millones de euros, en 2022 había descendido a 10.016 millones y el año pasado se situó en 7.866 millones. Eso sí, no se acabará de pagar dicha deuda hasta 2028… y además, conlleva el pago de intereses: entre 2014 y principios de este año, los consumidores de electricidad en nuestro país hemos más pagado más de 6.000 en intereses por el déficit de tarifa, según datos de la CNMC que recogió La Información. Además, hay que tener en cuenta que el coste medio de dicha deuda para este año será del 2,44%, frente al 2,042% del año anterior, en parte por la subida de los tipos de interés, y encima se suman los intereses.

Por si dicho déficit histórico y su correspondiente pago de intereses no fueran bastante, también hay que sumar el dinero de los laudos, reclamaciones, embargos, honorarios de abogados… una deuda estimada en 20.000 millones que colea de la época de ZP, según refirió Guillermo Rocafort, un Licenciado en Empresariales y en Derecho, Doctor en Economía, profesor universitario y escritor, en la red social X (antes Twitter). Precisamente, por una reclamación que hizo al Consejo de Transparencia, hace unas semanas este último ha ordenado al Ministerio de Justicia (actualmente dentro del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños) a desvelar el detalle de los laudos arbitrales condenatorios contra España, los embargos sufridos por nuestro país y los honorarios a abogados en relación a las reclamaciones, como ha informado The Objective.

Rocafort acudió al Consejo de Transparencia después de que en mayo de 2023 el Ministerio de Justicia (entonces liderado por Pilar Llop) rechazó ofrecer información sobre los laudos condenatorios relacionados con las renovables. Dicho Departamento lo hizo poniendo como excusa que quería preservar la estrategia procesal y que dichos datos se rigen por las reglas de cada una de las instituciones arbitrales, entre las que figura el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el cual fija que los laudos no se publicarán sin el consentimiento de las partes. No hay que olvidar que hasta el CIADI -qu es el organismo de arbitraje que depende del Banco Mundial- dio el visto bueno a la reforma Soria y señaló que cuando España redujo la rentabilidad de las renovables no hizo ninguna ilegalidad y lo hizo en defensa del interés público y en circunstancias extraordinarias. 

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A finales del pasado agosto, por los fallos en contra… España ya debía unos 1.560 millones de euros (que ascienden a 1.875 millones si se suman las condenas en costas, los intereses de demora y otros sobrecostes), lo que había dado pie al inicio de embargos del Estado español, incluso de algunos ajenos al sector energético. Conviene recordar que el caos de los laudos renovables (provocado por las generosísimas primas a las renovables de ZP, cuyo déficit de tarifa y consecuencias seguimos y seguiremos pagando durante años), llevó hace unos años a que Ribera cambiara el modelo de las subastas de renovables: ya no habría primas sino una rentabilidad garantizada. Asimismo, Ribera secundó a Italia y Polonia al iniciar la salida del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)... y los tres países sumaron el apoyo de toda la Unión Eurpopea, un Tratado que sienta las bases para que las inversiones energéticas se hagan con seguridad jurídica y en el que apoyan muchas de las demandas (más de 50, en concreto) que los fondos de inversión interpusieron contra España por el recorte de las primas a las renovables. Eso sí, el abando del TCE no es inmediato: supone un proceso que dura entre 10 y 20 años, en los que se siguen aplicando sus condiciones...