Como recogió Hispanidad, esta semana la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, decidía  dar por aprobada y enviar al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor la reforma legal por la que se verán reducidas las penas de cárcel a presos etarras (se les descuenta el tiempo que pasaron previamente en cárceles francesas). 

De esa manera, Pedro Sánchez y Patxi López se evitaban el sofocón y el bochorno de tener que defender públicamente la citada norma. 

Pero el problema de fondo ya se sabe cuál es: Pedro Sánchez necesita contentar a EH Bildu -la coalición en la que se integran los herederos de Batasuna, el brazo político de ETA, y que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista- para poder contar con sus votos en los próximos Presupuestos y en pago por haberle hecho presidente del Gobierno.

Lógicamente, tras esta burla del PSOE a las víctimas del terrorismo, estas mostraron su  indignación y lo siguen haciendo.

Hoy, en el Fórum Europa, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha alertado de que lo que ahora intentará EH Bildu, su “siguiente paso”, será que el Gobierno derogue la Ley Orgánica 7/2003, que establecía que los terroristas cumplieran un máximo de 40 años en prisión, ya que el límite máximo hasta entonces para los autores de atentados eran 30 años. Se trata de una disposición que se introdujo en 2003 con el Gobierno de José María Aznar, recoge Nueva Economía Forum en nota de prensa. 

“Esto lo van a hacer si sigue el Gobierno de Sánchez”, alertó la presidenta de la AVT, al tiempo que indicó que este cambio legal se puede intentar llevar a cabo “pronto”.

En cuanto a la enmienda incluida en la ley de antecedentes de la UE que beneficia a los etarras, señaló que “por supuesto que es un plan orquestado” y señaló que era una “reivindicación histórica” de la organización terrorista vasca.

Y sobre que PP, Vox y otros partidos de la oposición no se percatasen de este beneficio para los etarras, Araluce agradeció al presidente del Senado, Pedro Rollán, que intentara vetar la ley en el último trámite.

Araluce ha hecho estas declaraciones en un encuentro informativo en Madrid organizado por Nueva Economía Fórum, en el que fue presentada por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien recientemente, en su último discurso ante la Patrona del cuerpo -la Virgen del Pilar-- hizo una velada alusión a su perseguidor, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, con estas palabras: "Tengo la convicción de haber sido fiel a aquellos compromisos adquiridos: fiel al cumplimiento de la legalidad, a la defensa de nuestra constitución, de la unidad y la integridad territorial de la Patria, leal con mis subordinados, y disciplinado en lo que la verdadera disciplina -tan alejada de la sumisión y el servilismo- puede y debe abarcar". 

 

Pérez de los Cobos cumple 61 años el próximo mes de diciembre edad límite para un coronel, por lo que se jubilará sin haber llegado a general por culpa de la persecución a la que le sometió Marlaska, tras negarse a dar información sobre la causa secreta del 8M, aunque luego el Tribunal Supremo le dio la razón al coronel, destacando que Marlaska "privó" de manera "ilegal" su ascenso.

 

 

Este coronel de la Guardia Civil fue también el encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy de liderar todas las policías -incluidos los Mossos- que hicieron frente al referéndum ilegal del 1-O (por eso los 'indepes' le odian tanto). 

Pues bien: en esa cita de hoy en el Fórum Europa, Pérez de los Cobos ha pedido que se fomente la vuelta al País Vasco y Navarra de los ciudadanos que fueron “expulsados” de estas autonomías por los “tiros” y “bombas” de la banda terrorista ETA, recoge la nota de prensa de la entidad. 

Al mismo tiempo, el coronel se refirió al “éxodo de los cientos de miles de vascos y navarros que fueron expulsados de su tierra a base de tiros y de bombas” por la banda etarra, lo que constituye “otra asignatura pendiente de nuestra democracia y de las administraciones de esas comunidades autónomas (por el País Vasco y Navarra)”, por lo que “ahora que ya no hay atentados”, los Gobiernos vasco y navarro “querrán reparar esa terrible anomalía fomentando su regreso”, en alusión a esas personas que se marcharon por la presión terrorista.