El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha denunciado ante el Tribunal Supremo (TS) a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por las declaraciones que hizo esta -el pasado 12 de marzo en la sesión de control al Gobierno en el Senado y también el 3, 23 y 24 octubre de este año- pidiendo explicaciones a la presidenta madrileña por estar viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y que "se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia".

Montero aludía a unas informaciones periodísticas sobre un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros por parte de González Amador. 

Sin embargo, por mucha vicepresidenta primera que seas, su habitual diarrea verbal e incontenida verborrea no le podía salir gratis a 'Marisu'.

Y así ha sido: tras negarse a acudir la ministra de Hacienda a un acto de conciliación el pasado 2 de octubre para que se retractase de sus declaraciones, al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid no le ha temblado el pulso para llevarla ante el Supremo, por la vía civil, acusándola de un presunto delito de intromisión ilegítima en su derecho al honor y reclamándole 40.000 euros de indemnización. 

Otra cosa es lo que ahora pase en el Supremo, que, como se recodará, también investiga al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, desde el pasado 16 de octubre, "por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular", decía el alto tribunal en su nota de prensa.  

El Tribunal Supremo tomaba esa decisión después de que el pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevase una exposición motivada al Tribunal Supremo para que investigase al aforado Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos por filtraciones de datos personales en el contexto de una investigación por presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental por parte de Alberto González Amador. 

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Tal y como publicó Hispanidad en junio, García Ortiz asumió entonces la responsabilidad de la nota de prensa que redactó y divulgó la Fiscalía con datos personales de Alberto González Amador. La excusa que puso entonces García Ortiz fue que "ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva, pues todos los correos electrónicos -no solo los remitidos por el letrado de González Amador, sino también los enviados por fiscal- habían sido previamente desvelados por los medios de comunicación". Y aseguraba que  investigarlo "causa un deterioro al recto funcionamiento de la Justicia".

Pero el Supremo decía en su auto de investigación a García Ortiz que "de la exposición razonada enviada por el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como de las querellas y denuncias presentadas, se desprende la imputación al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de la fiscalía provincial de Madrid de un delito de revelación de secretos, como consecuencia de la divulgación de una nota informativa con membrete de la Fiscalía provincial el 14 de marzo de 2024, en la que se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación relativas a un particular”.

Esta noticia fue una bomba en la línea de flotación del Gobierno sanchista, pues García Ortiz fue nombrado por Pedro Sánchez -"¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso", para que trabajase a su favor. Y vaya si García Ortiz lo ha demostrado en numerosas ocasiones...

 

Sin embargo, García Ortiz sigue en su puesto, pese a la indignación de la mayoría de los fiscales españoles. 

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Recientemente, el Supremo ordenaba registrar su despacho, algo que el propio Fiscal General del Estado ha pedido anular por su «notoria desproporción». Mientras que Asociación Profesional e Independiente de la Fiscales (APIF) ha denunciado ante el Supremo que García Ortiz manipuló un móvil junto a su 'número dos', la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, durante su registro, informa El Mundo. 

Veremos en qué queda la cosa...