La exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, condenada por un delito de prevaricación en el denominado 'caso ERE'
El prestigio del Tribunal Constitucional ha vuelto a caer por los suelos hoy al anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el denominado 'caso ERE'.
Se da la circunstancia de que la decisión no ha sido unánime, sino que los cuatro magistrados considerados 'conservadores' han votado en contra, mientras que los siete restantes, considerados 'progresistas' es decir, 'sanchistas', han votado a favor.
En su nota de prensa, el Tribunal Constitucional señala que "el pleno ha estimado parcialmente el recurso de amparo de Magdalena Álvarez Arza contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y Sala Penal del Tribunal Supremo que la condenaron por un delito continuado de prevaricación, por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias".
Es decir, que el actual Tribunal Constitucional vuelve a enmendar la plana a una sentencia del Tribunal Supremo, que, al fin y al cabo, es el máximo órgano judicial en España.
Porque la cúspide de la justicia en España es el Tribunal Supremo, no el Constitucional, ya que este se dedica sólo a interpretar la Constitución. Lo que pasa es que, en España, el Tribunal Constitucional se ha convertido, de facto, en la más alta instancia pues todo es susceptible de ser recurrido al TC por presunta “inconstitucionalidad”.
Sería deseable para el prestigio de las instituciones democráticas españolas que un tribunal de tanta importancia como el Constitucional estuviera libre de cualquier sospecha de parcialidad.
Pero es que desde que el Sanchismo se hizo con su control -bajo el paraguas además del presidente, Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado bajo gobierno socialista de Zapatero, desde 2004 a 2011-, este tribunal no ha hecho sino avalar todas las leyes socialistas, pasadas (la del aborto de Zapatero) y recientes (eutanasia, Ley Celaá, etc.).
