Los delitos de odio son el instrumento ideal de los progresistas -ojo, de izquierdas, pero también de derechas- para perseguir al discrepante, al que critica lo políticamente correcto, por ejemplo, la ideología de género, la emergencia climática o la inmigración ilegal.
Además, y esto es lo peor, los delitos de odio invierten la carga de la prueba, de tal manera que el acusado tiene que demostrar su inocencia en lugar de ser el que acusa el que deba probar su culpabilidad. Y lo más importante, el odio no es un delito, es algo mucho peor: es un pecado.
Es importante tener esto claro, porque el tercer plan contra los delitos de odio (2025-2028), presentado este lunes por Fernando Grande-Marlaska, uno de nuestros peores ciudadanos, contempla la creación de grupos operativos centrales, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, para perseguir los delitos y discursos de odio en internet y las redes sociales cuando no sea posible determinar el lugar de emisión de los mensajes.
Además, la Secretaría de Estado de Seguridad impulsará la creación de un Sistema de Coordinación de Investigaciones de los Delitos y Discursos de Odio, gestionado por la Policía Nacional, que registrará todos los incidentes, delitos y discursos de odio investigados, lo que permitirá preverlos, es decir, permitirá actuar, incluso, antes de que se cometa el delito: usted no odia, pero está a punto de hacerlo, por lo que habrá que tomar medidas contra usted para prevenir ese delito futuro.
Todo esto, como hemos señalado antes, no es otra cosa que censura pura y dura. Según Marlaska, vivimos “tiempos donde el odio se disfraza de discurso legítimo y donde la extrema derecha pretende normalizar la discriminación con la promesa falsa y manipuladora de proteger unos supuestos valores y símbolos”, afirmó el ministro. Para entendernos, para Marlaska extrema derecha y cristianismo es lo mismo, y la cruz, uno de los símbolos que hay que erradicar.
El presupuesto inicial para llevar todo esto a cabo es de 1,4 millones de euros, ampliable con aportaciones de instituciones y organismos que participen en la puesta en marcha de alguna de las 109 medidas que incluye el plan.
