No sabemos qué haría el mundo sin Yolanda Díaz. A Yoli no se le escapa una, con 2.595.500 parados a sus espaldas su formación ha registrado una propuesta en el Congreso de los Diputados para... dar la bienvenida a los trans estadounidenses, ¡Trans Welcome! que diría Manuela Carmena. 

"El 20 de enero, Donald Trump asumió la presidencia de EEUU y, desde ese momento, inició un ataque sin precedentes contra los derechos humanos de las minorías más vulnerables del país, con posibles repercusiones a nivel global, ya que su ejemplo tiende a expandirse", destaca Sumar.

Entre esos pérfidos ataques, la formación señala, atentos todos, que Trump ha firmado "una orden ejecutiva que reconoce únicamente los géneros masculino y femenino, ignorando al resto de identidades".

"Lamentablemente, el discurso homófobo y tránsfobo de Trump no pasa desapercibido. En EEUU, se ha documentado que la población LGTBIQA+ tiene nueve veces más posibilidades de ser víctima de delitos de odio con violencia", y Yoli no puede con tanto sufrimiento: no perdamos de vista que ella también es foco de acoso, la llamaron guapa, y se solidariza con todos los qe sufren. 

Es por eso que Sumar aprecia que "la creciente tendencia a atacar los logros alcanzados por los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQA+ en Estados Unidos ha impulsado a muchas personas a valorar que su país ya no es un lugar seguro para ellas y no puede protegerlas, cuando no las persigue directamente". 

Y es que "la presidencia de Trump ha desmantelado en un solo día el fruto de más de cuarenta años de activismo" y «detrás de este borrado se encuentra un intento de erradicar a las personas trans de la vida social": "se les expulsa del Ejército, se les impide participar en actividades deportivas a todos los niveles y se les prohíbe acceder a espacios comunes conforme a su género, bajo amenaza de castigo, siendo enviados a entornos hostiles que favorecen la agresión. Además de entrar en vigor una orden actualmente suspendida por los tribunales por la que las mujeres trans volverán a ser encarceladas en prisiones de hombres, a pesar de la experiencia previa que demuestra que esta medida conduce a abusos y agresiones intolerables".

Por todo lo anterior, Sumar exige esfuerzos para conceder el asilo en España de todas estas personas que "en sus países de origen no han podido desarrollas sus vidas con total libertad".

Para ello pide que el Gobierno, del que forma parte, instruya "al personal policial y civil de extranjería sobre la legislación de países, entre ellos Estados Unidos, que sea manifiestamente discriminatoria para la población LGTBIQA+ de manera que este factor sea tenido en cuenta como indicio claro de la situación de persecución para las personas solicitantes de asilo".

Porque "ese a la importancia crucial de este mandato, aún es objeto de incumplimiento por parte del personal de extranjería. En ocasiones aún se plantean preguntas muy íntimas que pueden resultar incómodas, centrándose en la vinculación de la orientación sexual con los actos sexuales, vínculos con otras personas, interacciones sociales o incluso infiriendo la identidad sexo-genérica a través del análisis del lenguaje corporal".

"En ciertos casos, las personas procedentes de determinados países se enfrentan a un sesgo inicial de falta de credibilidad. Una asunción de que no pueden ser perseguidos por este motivo que se está demostrando incorrecta, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos".

El partido de Yoli cree que "el proceso de asilo es demasiado largo y agotador emocionalmente, por ello debe facilitarse en aquellos casos donde la persecución sea de dominio público y evidente".

Además, exige "comunicar al personal diplomático y consular de España en EEUU esta instrucción e instarlos a una mayor colaboración con entidades LGTBIQA+, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y de los derechos humanos".

El derecho de asilo es un derecho internacional, en España, el artículo 23.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece que la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, será el órgano competente para la tramitación de las solicitudes de protección internacional. 

La condición se reconoce a toda persona que, "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él".

Y hace años así era, su uso era muy limitado, solicitado por personas en verdadero riesgo, pero ahora, se utiliza como si de un procedimiento ordinario para conseguir la nacionalidad más se tratase, por personas que pretenden regularizar su condición sin estar en ninguna situación de peligro, convirtiéndose en un auténtico coladero para la inmigración ilegal, y ahora para el movimiento trans.