El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo,han presentado el informe “El problema de la ocupación ilegal en España. Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) 2024”, elaborado y publicado por la Property Rights Alliance, que el IEE difunde en España. En esta nueva edición han participado Matilde Cuena Casas, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid; y Vicente Pérez Daudí, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona.

Desde el centro de estudios de la CEOE alertan sobre "las deficiencias en la protección" del Derecho de la Propiedad Privada en España, "situándose por debajo de la OCDE y la UE", posicionándose en el puesto 22 de los 37 países analizados de la OCDE, lo que subraya "el deterioro de este fundamento de las economías más desarrolladas y la ausencia de medidas destinadas a la mejora de la protección de estos derechos".

Según el IEE, el problema del aumento del fenómeno de la ocupación ilegal en España es "el reflejo de un deficiente marco regulatorio que no garantiza el derecho a la propiedad privada inmobiliaria, así como de una ineficiente intervención pública en materia de vivienda". En el ámbito de la propiedad, "este tipo de denuncias en España ha mostrado una tendencia al alza en los últimos quince años, multiplicándose más de seis veces en este periodo". 

Es más, denuncian que "no se perciban esfuerzos sustanciales para reformar y fortalecer la protección de la propiedad privada inmobiliaria" y la "tolerancia hacia la ocupación ilegal", todo ello unido a las "políticas intervencionistas en el sector de la vivienda", generan "un entorno de incertidumbre que perjudica la estabilidad de los derechos de propiedad y, por ende, el progreso económico y social".

"La tolerancia con la ocupación está ocasionando la desincentivación a la oferta inmobiliaria, tensión en el mercado y se ha traducido en una clara externalidad negativa para las familias más vulnerables que ven mayores dificultades de acceso a una vivienda al aumentar los precios y las rentas del alquiler. Pero el marco regulatorio actual, influido por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, no ha resuelto la problemática".

Además, también preocupa "el fenómeno de la ocupación en viviendas en alquiler por parte de arrendatarios que dejan de pagar la renta y continúan habitando el inmueble".

Por ello, desde el IEE proponen una serie de medidas que agilicen los procesos judiciales para la recuperación de propiedades ocupadas ilegalmente, siguiendo las mejores prácticas europeas, así como elevar las penas para este tipo de delitos. Entre estas medidas encontramos, "ampliar el ámbito de aplicación de la Ley 5/2018, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, y extender la posibilidad de uso de medidas cautelares también a personas jurídicas y a inmuebles distintos de vivienda".

El IEE ve necesario "cambiar el requisito de forma del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles requiriéndose sello de la administración de la comunidad autónoma competente en materia de vivienda que acredite que se ha depositado la fianza en dicha comunidad y que el contrato está celebrado por quien lo alega para paralizar una medida cautelar".

También proponen elevar las penas por "estafa procesal en el caso de falsificación de contratos de arrendamiento aportados por el ocupante ilegal, así como en aquellas en las que se haya producido la existencia del dolo coetáneo al momento de la celebración del contrato que hace atraer la existencia de un delito de estafa y no un incumplimiento civil".

Asimismo, ven necesario que puedan adoptarse medidas cautelares que favorezcan el desalojo judicial, para lograrlo, contemplan que una denuncia ante las fuerzas de seguridad, acompañada de un documento que acredite la propiedad del inmueble, sea suficiente para que el Juzgado de Instrucción de guardia ordene el desalojo.

Tampoco se olvidan de pedir la equiparación del delito de usurpación al de allanamiento de morada, así se podría obtener, de manera casi inmediata, la posesión del bien ocupado ilegalmente, tal como sucede en la mayor parte de los países europeos. Y señalan que el "ocupante ilegal no debe gozar del derecho a la inviolabilidad del domicilio".

Solicitan además medidas de cara a los propietarios, exigiendo la exención de la obligación del pago de los impuestos que gravan la propiedad del inmueble cuando se acredite haber iniciado un procedimiento judicial para lograr el desalojo de un ocupante ilegal. Así como permitir al propietario el corte de suministros de la vivienda, sin que tenga consideración de delito de coacciones, como reconoce la jurisprudencia más reciente.